La
Justicia como uno de los poderes de un Estado nació de la necesidad de
mantener la armonía y resolver los conflictos entre los integrantes de una
sociedad. Se trata de un conjunto de pautas y criterios que establecen un marco
de las celebraciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y
permitiendo acciones específicas en la interacción de ellos.
España,
como Estado democrático, mantiene el servicio a sus ciudadanos mediante 3
poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. El Legislativo, creando leyes,
suele ser el Parlamento, concretamente en el Congreso de Diputados y el Senado.
El Ejecutivo es el propio Gobierno que materializa los acuerdos legislativos.
El Judicial consiste en juzgar las actividades del resto de los poderes y que
se han materializado en diversas instituciones.
Esta
división en tres poderes se debe a Charles de Secondat Montesquieu (1689 - 1755), jurista, intelectual, historiador y
político francés de la época de la Ilustración, que escribió la obra “l'esprit
des loix”, en español “El espíritu de las leyes”.
Actualmente, en nuestro país, parece que el
poder legislativo y judicial está cayendo en manos del poder ejecutivo. Y se
vislumbran actos gubernamentales para dirigir el poder judicial mediante sus propias
manos; hasta tal extremo hemos llegado, que hoy resulta difícil conocer las
competencias de los múltiples jueces e instituciones que enjuician la misión de
un Estado. Juzgados, Audiencias, Tribunales de Justicia de cada Comunidad
Autónoma, Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y tantos otros.
Hoy
me voy a referir a la “Justicia” en la UE, cuyo máximo Órgano es el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), cuyas decisiones y sentencias
han de admitirlos los Estados que componen la Unión Europea (UE), y naturalmente,
España está sujeta a las sentencias de la TJUE. Sobre éste TJUE, me permito
hacer la siguiente síntesis.
El
TJUE tiene la función de garantizar que la legislación de la UE se interprete y
aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros; garantizando que
los países y las instituciones europeas cumplan la legislación de la UE. La
TJUE se divide en dos vertientes: Tribunal de Justicia, con un juez de
cada país de la UE y once abogados generales, y el Tribunal General, con
dos jueces de cada país de la UE, teniendo su sede en Luxemburgo.
El
TJUE interpreta la legislación de la UE para garantizar que se aplique de la
misma manera en todos sus países miembros y resuelve los litigios entre los
Gobiernos Nacionales y las Instituciones Europeas. En determinadas
circunstancias, también pueden acudir al TJUE los particulares, las empresas y
organizaciones que estimen vulnerados sus derechos por una institución de la
UE. Resumiendo, el TJUE resuelve los asuntos que se le plantea, siendo los más
comunes los siguientes:
a)
Interpretar la legislación
Los
tribunales nacionales deben garantizar que la legislación europea se aplique
correctamente. Si un tribunal nacional tiene dudas sobre la interpretación o
validez de una ley de la UE, puede pedir una clarificación al TJUE
b)
Aplicar la legislación
Este
tipo de acción se emprende contra una administración nacional por incumplir la
legislación de la UE. Si se comprueba que un país ha incumplido las normas,
tendrá que poner remedio o afrontar nuevas acciones y una posible multa.
c)
Anular actos jurídicos de la UE
Si
se considera que un acto jurídico de la UE vulnera los tratados de la UE o los
derechos fundamentales, los gobiernos de los países miembros, el Consejo de la
UE o, en algunos casos, el Parlamento Europeo, pueden solicitar al TJUE que lo
anule.
d)
Garantizar la actuación que la UE
En
determinadas circunstancias, el Parlamento, el Consejo y la Comisión deben
tomar decisiones. Si no lo hacen, los gobiernos nacionales, otras instituciones
europeas y, en determinadas circunstancias, los particulares o empresas pueden
recurrir al TJUE.
e)
Sancionar a las instituciones europeas.
Pueden
recurrir al TJUE cualquier persona o empresa que se considere perjudicada en
sus intereses por acción u omisión de la UE o de su personal.
En
el TJUE, a cada asunto se le asigna un juez, el “juez ponente” y un abogado
general para dictaminar los asuntos que se le plantean.
El
TJUE ha dictado varias sentencias relevantes sobre España en diferentes áreas,
incluyendo la igualdad de género, los intereses de las tarjetas de crédito y
los derechos de los trabajadores. Una sentencia destacada fue la que determinó
que la regulación actual del complemento por brecha de género en España es
discriminatoria, lo que permite a los hombres cobrarlo sin restricciones.
Algunas sentencias destacadas de la TJUE sobre España han sido las siguientes:
1.
– Complemento por brecha de género.
2.
– Intereses de las tarjetas de crédito.
3.
– Derechos de los trabajadores
4.
– Índice de Referencia para Préstamos Hipotecarios (IRPH)
5.
– Comisiones de apertura hipotecarias.
Es
importante tener en cuenta que las sentencias del TJUE tienen efectos
retroactivos, lo cual significa que pueden afectar a casos que ya se habían
resuelto por los tribunales nacionales. Sin embargo, el TJUE también puede
limitar los efectos retroactivos de sus sentencias, especialmente en casos
donde ya hay una resolución judicial o administrativa firme.
El
entramado judicial europeo resulta muy amplio y muchas de sus resoluciones son
en base a la jurisprudencia.
El
TJUE es como la fuerza que gravita sobre estados y ciudadanos europeos. Si no
existiera la TJUE la organización de la UE seria un caos total.
Vicente
Llopis Pastor
09
de junio de 2025
Buenos días. Gracias por compartir este profundo análisis de la justicia en el marco europeo. Desde la perspectiva española y en el contexto actual del gobierno de Pedro Sánchez, se puede realizar una crítica fundamentada en la problemática de la separación de poderes y la influencia de las instituciones europeas en la soberanía nacional.
ResponderEliminarEl texto expone y resalta la importancia de la independencia judicial y la necesidad de que los poderes de un Estado se mantengan en equilibrio. Sin embargo, en la práctica, en España, se percibe una tendencia preocupante de cercanía y, en algunos casos, de posible interferencia del poder ejecutivo en la justicia, especialmente bajo el actual gobierno. Esto puede observarse en decisiones políticas que afectan la independencia judicial, como la creación de órganos o mecanismos que parecen buscar una mayor influencia en los tribunales, o la politización de ciertos procesos judiciales, lo cual atenta contra los principios de imparcialidad y separación de poderes.
Por otro lado, la influencia del TJUE, como bien explica el análisis, es fundamental para garantizar la coherencia normativa en la UE. Sin embargo, en el contexto español, la relación con las sentencias del tribunal europeo a veces genera tensiones, especialmente cuando estas decisiones afectan intereses políticos o económicos del gobierno de turno. La reciente polémica en torno a cuestiones como la reforma del Poder Judicial, la ley de memoria histórica, o la gestión de recursos y fondos europeos, reflejan un escenario en el que el Ejecutivo parece buscar limitar la influencia externa o reinterpretar decisiones judiciales europeas en función de intereses políticos.
El problema radica en que, si bien la jurisprudencia del TJUE es esencial para la convivencia europea, la percepción de que la justicia en España pueda estar al servicio de intereses políticos o del ejecutivo, en lugar de ser un pilar de imparcialidad, socava la confianza en las instituciones. La independencia judicial no debe comprometerse por decisiones políticas, y menos aún, cuando estas decisiones afectan derechos fundamentales o el correcto funcionamiento del Estado de Derecho.
En definitiva, la problemática que tiene España en relación con la justicia bajo el gobierno de Pedro Sánchez reside en la tensión entre la necesidad de cumplir con las obligaciones europeas y mantener la independencia judicial, y la realidad de una política que, en ocasiones, puede buscar un control más directo del sistema judicial. Para fortalecer la democracia, sería imprescindible reforzar la separación de poderes, garantizar la independencia judicial y respetar las decisiones del TJUE, que son fundamentales para la cohesión y estabilidad de la Unión Europea. Solo así se podrá evitar que intereses políticos comprometan la justicia y la confianza en las instituciones democráticas del país.
Ahí arriba he dejado mi reflexión sobre el TJUE que has publicado. Realmente me parece interesante el artículo que has escrito. Un cordial saludo, Rafa Sabater Boix
ResponderEliminar