INSEGURIDAD JURÍDICA

 

La inseguridad jurídica es un término que se refiere a la falta de claridad, previsibilidad y estabilidad en el marco legal de un país o región. Esta situación ocurre cuando las leyes y reglamentos son ambiguos, contradictorios o están sujetos a cambios frecuentes y arbitrarios. La inseguridad jurídica genera incertidumbre entre los ciudadanos y empresas sobre cómo aplicarán las normas y afecta a la confianza en el sistema legal. A menudo, la inseguridad jurídica es el resultado de un sistema regulatorio inadecuado o ineficiente, así como de la falta de coherencia en la aplicación y ejecución de las leyes. Esto puede sobrevenir por diversas razones, como la ineficiencia del sistema judicial, corrupción, modificaciones frecuentes en las leyes y falta de transparencia en la toma de decisiones.

La inseguridad jurídica tiene implicaciones profundas y múltiples tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Reduce la confianza en el sistema legal y en las instituciones públicas, lo que puede llegar a un debilitamiento del Estado de Derecho. Las empresas pueden sentirse menos inclinadas a invertir y operar en un entorno donde las reglas del juego están constantemente variando, lo cual afecta negativamente al crecimiento económico y al desarrollo del país.

Además, la inseguridad jurídica puede incrementar los costos operativos para las empresas, ya que éstas requieren destinar más recursos a entender y cumplir con una normativa cambiante e incierta. Para los ciudadanos, la inseguridad jurídica puede traducirse en una menor protección de sus derechos fundamentales, tanto en los hábitos civiles como en contextos comerciales o laborales. En un plano más amplio, la inseguridad jurídica puede propiciar un ambiente proclive a la corrupción y a la falta de justicia, dificultando la materialización de políticas públicas efectivas y socavando la confianza en los procesos democráticos.

Me hago la pregunta: ¿existe inseguridad jurídica en España? No puedo manifestarme porque no soy juez, magistrado ni político que pueda expresar los hechos que se definen como inseguridad jurídica. Pero, a mi entender, una seguridad jurídica debería proporcionar estabilidad, claridad y previsibilidad, pero cuando estas características no están presentes se da lugar a una serie de problemas que afectan al funcionamiento normal de la sociedad. En tal caso, la inseguridad jurídica se manifiesta de distintas formas y tiene un impacto significativo en la confianza de los ciudadanos y empresas en el sistema legal.

Por ejemplo:

1) Cambios legislativos abruptos: leyes que son revisadas o anuladas sin previo aviso o consulta pública.

2) Interpretaciones contradictorias: diferentes jueces o autoridades interpretan la misma ley de manera distinta, llegando a resoluciones inconsistentes.

3) Proliferación de regulaciones ambiguas: normas y reglamentos que carecen de claridad, lo que dificulta su implementación y cumplimiento.

4) Retardo en la justicia: procesos judiciales que se alargan indebidamente generando incertidumbre y desconfianza.

5) Decisiones arbitrarias: actuaciones de funcionarios públicos o judiciales basadas en intereses personales o externos en lugar de en la ley.

A mi entender, creo que estas cualidades existen en nuestro país y merman la seguridad jurídica de España ante los ciudadanos y ante los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Yo creo que algunos inversores extranjeros están huyendo de España e incluso algunas empresas españolas se están domiciliando en países extranjeros, cual es el caso de Repsol, Ferrovial y muchas otras. Creo que si no se aplican soluciones nuestro país será un débil componente de la Unión Europea (UE).

Para combatir esta inseguridad jurídica es esencial un enfoque integral que promueva la estabilidad del sistema legal. Esto incluye reformas legislativas para garantizar leyes claras y coherentes y fortalecer el ecosistema legal, desde la normativa hasta la ejecución judicial. La participación activa de la sociedad civil asegura que las reformas se alineen con las necesidades de todos, reforzando el estado de derecho y fomentando una confianza, tanto para ciudadanos como para empresas. Algunas pueden incluir las siguientes medidas:

a) Reforma legislativa: fundamental para asegurar que las leyes y regulaciones sean claras, coherentes y predecibles.

b) Fortalecimiento del sistema judicial: mejorar la eficiencia y la calidad de las decisiones judiciales es vital.

c) Transparencia y rendición de cuentas: incorporar medios para aumentar la transparencia en los procesos legislativos y judiciales.

d) Lucha contra la corrupción: establecer y fortalecer órganos de control y mecanismos independientes para la detección y sanción de actos de corrupción.

e) Estabilidad regulatoria: limitar la frecuencia de cambios en la legislación y asegurar que cualquier cambio en la normativa sea precedido por un proceso de consulta y análisis en profundidad. 

A mi entender, España no es un dechado de virtudes de la seguridad jurídica y continuamente vemos cambios en la tributación, variaciones en las bases imponibles, sistemas fiscales no coherentes, desigualdad en la tributación según cada Comunidad Autónoma y otras situaciones que se llaman genéricamente “corrupción”, palabra que está de moda y que sirve de acusación entre los políticos de alto nivel que se lanzan dardos envenenados con esta palabra tan corta de “corrupción”.

Así es nuestro país y por los muchos siglos que existe y que va a existir no creo que cambiemos demasiado.

Acuérdese de los hechos que realizó el caudillo Viriato (siglo II a.C.) en el que traicionó a los hispanos y permitió que Roma se hiciera con toda la Península Ibérica. Creo que han pasado más de 2.200 años y no ha cambiado el temperamento y carácter de los habitantes de la Península Ibérica. Por cierto, que al ir Viriato a cobrar por su vileza un dinero que le tenía prometido el pretor Galba éste se lo negó por su traición y le contestó con la frase: “Roma no paga a los traidores”.

O mejor citar la frase del Papa Juan XXIII, “Il Papa Buono” (1881-1963), quien dijo: “Vivimos en un mundo corrupto y corruptor”.

                         

 

Vicente Llopis Pastor

3 de diciembre de 2024