Hay una
idea obsesiva del actual Gobierno español de que la Banca y las empresas
energéticas obtienen enormes beneficios. Ésta es una razón muy peculiar de
nuestro Gobierno para reducir la parte de beneficio que reciben sus
propietarios y accionistas y tributar con este llamado “impuestazo” que es una
nueva vía para recaudar miles de millones de euros por parte de la Hacienda
Pública española.
A mi
entender es una burda interpretación del beneficio de las empresas, ya que la
Banca y las empresas energéticas ganan mucho dinero porque manejan una masa
crítica muy voluminosa de centenares de millones de euros y por ello los
beneficios, aun siendo voluminosos, proporcionalmente no son muy altos; al
contrario, son más bajos que los beneficios de un farmacéutico, un actor, un
pintor y otros operadores económicos y sociales.
Bajo esta
idea, provistos de lanza en ristre, el Gobierno ha creado los llamados
“impuestos extraordinarios”, puestos en vigor en el año 2023 para dos
ejercicios, 2023 y 2024; aunque me temo que no van a ser temporales, sino que
van a ser permanentes, según he escuchado de algunos portavoces del Gobierno.
Dentro de estos “impuestazos” hoy hablaré de los impuestos extraordinarios a la
Banca. Mañana lo haré sobre el impuesto extraordinario a las compañías
energéticas.
El
impuesto extraordinario a la Banca, relativo al año 2023, ha supuesto casi un
5% adicional de la base imponible de las entidades bancarias. Me estoy
refiriendo a las seis entidades financieras cotizadas en Bolsa, Santander,
BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, lo que supone casi 1.200
millones adicionales a los resultados del año 2022. Por entidades, en cuantía,
la que más ha abonado ha sido Caixabank, con cerca de 400 millones de euros, un
7,7% de su beneficio. Después de Caixabank, el Santander fue el que más abonó
por este impuesto extraordinario, 250 millones, que representan más del 2% de
su beneficio. BBVA ha pagado más de 215 millones adicionales, lo que supone un
incremento del 2,7%. El Sabadell abonó 150 millones por el gravamen
extraordinario, lo que representa un 11,8% de su beneficio. Bankinter pagó 77
millones adicionales por este impuesto extraordinario, lo que equivale a un
9,1% de sus beneficios. Unicaja también pagó más de 70 millones de impuestos,
lo que supone un 6% de sus beneficios. Si incluimos los bancos que no cotizan
en Bolsa, el impuestazo es superior a 1.500 millones de euros.
El buen
momento que están teniendo las entidades bancarias va a tener que frenarse, ya
que este “impuestazo” supone que casi el 50% de los beneficios de la Banca son
para el Estado y el otro 50% lo decidirá el Consejo de Administración de cada
una de estas entidades para dividendos a los accionistas, que será menos de la
mitad de lo que se lleva Hacienda y para lo que se denomina “autofinanciación”,
que es el fondo de reserva que mantiene cada banco ante necesidades de variar,
reformar, ampliar, nuevas instalaciones y, en general, dar mayor solvencia a la
Banca.
El reducir
los dividendos a sus accionistas y la menor autofinanciación va a debilitar a
estas entidades.
Supongo
que los grandes cerebros del Gobierno español actual lo habrán tenido en
cuenta.
Vicente Llopis Pastor
26 de octubre de 2024
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