FUNCIONES DE LOS INSPECTORES DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

La Administración del Estado de cada país tiene que velar por el buen uso de las cuestiones que relacionan a los ciudadanos con dicho Estado. Por esta razón, el Estado suele tener una omnímoda capacidad para vigilar, sancionar, velar, dirigir y controlar todo tipo de actividad que se desarrolla por los ciudadanos de dicho país.

Uno de los Estados que se han irrogado múltiples funciones es el Estado español. Hoy en día, cualquier actividad que se realice en España está sujeta a una intervención del Estado por cualquier razón y sujeta a la consiguiente sanción. Así es, y en la actual democracia española, esa vigilancia es cada vez mayor. Por ejemplo, el trabajo de cualquier persona por cuenta propia o por cuenta ajena tiene miles de normas que hay que cumplir. Hay diversos ministerios que controlan las tareas de los trabajadores y, sobre todo, la aplicación que hacen los empresarios. Trabajo, Seguridad Social, afiliación laboral, seguimiento y sanción mediante impuestos y otras cuestiones que hacen del Estado un nuevo Leviatán, monstruo bíblico de poder descomunal, según ya manifestó el filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679), fundador de la filosofía política moderna.

El Estado español, desde que se interpreta de acuerdo con la Constitución de 1978, se ha transformado en un generador de deudas, impuestos, inspecciones, vigilancia y todo lo que supone una rigidez por parte del Estado hacia sus ciudadanos que está casi por encima del 30% del Producto Interior Bruto (PIB). Dicho de otra manera, casi un tercio de lo que se produce en España hay que donarlo al Estado. Este tanto por ciento es inusitado en cualquier otro país desarrollado, en el que no suele llegar al 20%. Ésta es la razón por la que me he atrevido a documentarme y expresar las funciones de los inspectores de trabajo y seguridad social, dependientes de varios ministerios, por ejemplo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía Social y otros adicionales.

En España existen inspectores de todo tipo en los diversos sectores en los que pueda trabajar cualquier persona, lo curioso es que se “vigila” o “inspecciona”, no para formar y mejorar las tareas del operario de todo tipo de una empresa, al contrario, lo suyo es “perseguir” y de lo que se entienda subjetivamente, un inspector puede siquiera llegar a saber cuál es el tipo de producto que se fabrica en una empresa, y se dedica a ver pequeños detalles para buscar algún elemento que pueda sancionarlo. No son funciones de crear, ayudar o mejorar a la empresa, al empresario y al trabajador, sino que tienen atribuciones para entrar y salir por la puerta en cualquier factoría a la hora que les plazca con intención punitiva.

Las aportaciones de los inspectores de trabajo y seguridad social no son para mejorar algunos aspectos de las tareas laborales, sino que buscan sancionar para que el Estado recaude mayores ingresos vía multas, sanciones, tributos, e incluso aplicar intereses a la sanción si no se paga en pocos días.

El sistema económico occidental se basa en lo que se llama “economía de mercado”. Sin embargo, no es totalmente así, ya que interviene el Estado en todo tipo de transacciones que desvirtúa la economía de mercado, ya que podemos decir que es una “economía” intervenida por el Estado.

En España, el organismo estatal de inspección de trabajo y seguridad social, según el Real Decreto de 7 de abril de 2018, que incluye numerosos temas que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad jurídica y de obra.

Por citar algunos ejemplos, incluyo tareas de estos inspectores tales como las correspondientes a las potestades que le son propias para cumplimiento de los fines que les encomiendan. Cito algunas de ellas como:

a) Ordenación del trabajo y relaciones sindicales.

b) Prevención de riesgos laborales.

c) Normas en materias de campo de aplicación, inscripción, afiliación, altas y bajas de trabajadores cotizados y recaudación de cuentas del sistema de la Seguridad Social.

d) Normas en materia de colocación, empleo y protección por desempleo, emigración, movimientos migratorios y trabajos de extranjeros, formación profesional ocupacional y continua, empresas de trabajo temporal, agencias de colocación y planes de servicios integrados de empleo.

e) Información, asistencia y orientación general a empresas y trabajadores con ocasión del ejercicio de la función inspectora.

f) Asistencia técnica a las entidades y organismos de la Seguridad Social cuando les sea solicitada.

g) Información, asistencia y colaboración con otros órganos de las Administraciones Públicas respecto a la aplicación de las normas de orden social o a la vigilancia y control de ayudas y subvenciones públicas.

h) Realización de informes técnico-laborales a instancia de los organismos judiciales laborales.

Así tenemos la Administración Pública en España, con casi un tercio del empleo ocupado en estos menesteres buscando la forma de sancionar de forma deliberada y que nos transforma en el Estado con una de las mayores burocracias administrativas de todo el mundo. Por ejemplo, esta burocracia administrativa, en los últimos cuarenta años, ha legislado tan obsesivamente a las empresas que veo oscuro nuestro futuro, tal vez tan negro como el carbón, y que nos va derivando poco a poco hacia tareas como el turismo y la hostelería, que es lo único que podemos ofrecer, que son las antiguamente llamadas “exportaciones invisibles”. Todo ello por el exceso de burocracia hacia las empresas.

Curiosamente existen otras entidades, instituciones y organismos extranjeros que buscan instalarse en España y que forman ya una buena parte de las decisiones económicas de nuestro país. Por ejemplo, el fondo de inversiones BlackRock, ubicado en Estados Unidos de América, y que es el primer propietario de inmuebles, viviendas y construcciones en España, el cual es poseedor de millones de acciones de las grandes empresas españolas, algunas de ellas como mayorista en acciones.

No deseo seguir este artículo porque me haría llorar, algo que a mi edad me resulta vergonzoso. Pero no tanto por ello, sino por lo que supone el futuro económico de nuestro país. Y no hablo del futuro político, porque posiblemente me muera instantáneamente de un síncope al hablar de la “economía social” en la que España tiene un Ministerio del que no conozco sus fines y que también incluye otro Ministerio, el Ministerio de Economía, algo que me parece contraproducente que cada uno de estos Ministerios influya en lo mismo, en el trabajo y la economía del país, y que cada uno de ellos lo entenderá a su manera.

Hagamos un brindis al sol sobre el futuro de la economía española.

 

 

Vicente Llopis Pastor

23 de agosto de 2024