El arancel
de aduanas es fruto de la soberanía fiscal que por definición tiene cada Estado
o país. Se trata de hacer tributar los actos de compraventa entre operadores
económicos propios con operadores económicos del resto de países. El arancel de
aduanas es una forma de aumentar la tributación y la recaudación de cada
Estado, aunque no es su objetivo directo. El arancel de aduanas se usa como
política económica entre Estados. En España, durante los siglos XIX y XX se
usaba frecuentemente y cambiaba de una tasa a otra a veces exagerada. Cuando
hay un arancel de aduanas se suele decir que el país es librecambista y cuando
hace uso de él, a veces en cuantías enormes que incluso pueden llegar a ser un
importe superior al precio del propio producto en el comercio internacional,
entorpece las relaciones económicas. Un caso que forma parte de la Historia de
España es el Estatuto de Cataluña.
En nuestro
país se ha manejado muchísimo el arancel de aduanas, fundamentalmente para
proteger la industria textil catalana. Un ejemplo podría ser el de los
textiles, en el que se daba la curiosa circunstancia de que el Gobierno
autorizaba un arancel de aduanas para toda España del que se vio muy favorecida
Cataluña. El esquema de funcionamiento es muy simple: los textiles y
confecciones que podía importar España de países como Inglaterra, India y sus
colonias, puestos en nuestro país, costaban 10; ese mismo producto fabricado en
España costaba 15. Es muy propio que el comprador vaya a lo más barato, en este
caso lo importado de otros países, y disminuya el mercado nacional, en el que
la fabricación costaba 15. En tal caso, normalmente bajo presión de la
burguesía catalana y de los empresarios que manejaban la actividad económica, éstos
acudían al Gobierno Central de Madrid para que dispusiera un arancel disuasorio
y los españoles compraran en Cataluña y no en el extranjero. Este arancel podía
ser sobre 100% del valor del producto, por lo que el producto entraba en España
y en lugar de comprarlo por 10, había que pagar 20, lo cual ya no era atractivo
para el consumidor.
Así ha
sido durante siglos y España siempre ha tenido aranceles que favorecían de una
manera inopinada la actividad de los catalanes. Me atrevería a decir que este
arancel servía para enriquecer a Cataluña y empobrecer al resto del país. Éste
es mi análisis y contradice la expresión “España nos roba… España nos roba…
España nos roba”, que también se expresa como “Madrid nos roba… Madrid nos
roba… Madrid nos roba”, con las que se manejan los catalanes. Estas expresiones
las conocí por primera vez hace casi sesenta años durante mi servicio militar
en Valencia en el que había muchos soldados catalanes que diariamente
despreciaban a los españoles por pensar que eran inferiores y llegaban a decir
que Andalucía, Extremadura, partes de Castilla y, en general, una parte de España
comía gracia a Cataluña.
Este
esquema ha perdurado durante siglos y, sobre todo, el más significativo fue el
arancel Cambó (1922) diseñado por el ministro de Hacienda del Gobierno español,
Francesc Cambó (1876-1947), quien barrió en favor de Cataluña, ya que ha pasado
a la Historia como un político, empresario y abogado español, de ideología
conservadora y catalanista que falleció en Buenos Aires en el año 1947 nadando
en la abundancia económica.
Este
esquema de Cambó como ministro de Hacienda podría ser interpretado como “el
zorro que vigila el gallinero”.
La idea de
“España nos roba” es algo incierta y también hemos de analizarla profundamente,
ya que para mí no es cierta esta frase tan acuñada y que pasa de generación en
generación de catalanes durante los últimos siglos.
Hoy en día
no es tan importante el arancel de aduanas. Aunque tengo entendido que es el
recurso dialéctico que usa la Comunidad Autónoma de Cataluña para pedir más…
más… y más para la financiación de dicha Comunidad. Hace unos días, el actual Presidente
del Gobierno español, Pedro Sánchez Pérez-Castejón (1972), tuvo una reunión con
el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Argonès i García (1982), en
el Palacio de la Generalitat de Cataluña, situado en Barcelona, en la que el
presidente Aragonés solicitó a Pedro Sánchez que el Gobierno de la nación
pagara 19.000 millones de euros con los que se ha endeudado Cataluña en virtud
de emisiones de deuda pública catalana, y que hoy en día no hay mercado para emitir
más deuda, porque en el mercado internacional se consideran como bonos-basura.
Es el caso más genuino de que la deuda emitida por Cataluña ha de pagarla “bobilis
bobilis” el Gobierno Central. Por otro lado, las negociaciones para la
financiación de la Comunidad Autónoma catalana, está pendiente de definir
porque algunos poderes localistas, separatistas y catalanistas exigen unas
prebendas que, en principio, al menos a mí, no me parecen correctas; por
ejemplo, y entre ellas, está la creación del Estatuto Fiscal de Cataluña, con
la que se va a romper cualquier relación entre España y Cataluña y no van a
colaborar entre ellas. Esta cuantía de la gestión fiscal de Cataluña puede
acercarse a un montante de 350.000 millones de euros.
Esto es la
continuación de las políticas catalanas frente al Gobierno de España, en las
que se sustituyen los aranceles de aduanas por otras fórmulas que buscan acercar
el ascua a su sardana y cortar de raíz la postura pedigüeña que presentaban a
los Gobiernos españoles en siglos pasados. La materialización de dichos
aranceles solía ser de catalanes que eran ministros de Hacienda. Hoy ya no hace
falta seguir este camino, ya que estará fijado de forma lapidaria en el futuro
Estatuto de Autonomía de Cataluña.
Sería
oportuno conocer todas las interioridades de las negociaciones y relaciones
entre España con una de sus partes, Cataluña, con unos efectos difíciles de
prever porque son negociaciones y arreglos secretos que no se suelen publicar
en los medios de comunicación social y no tienen ninguna transparencia.
Vicente Llopis Pastor
30 de julio de 2024
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