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MIS DUDAS SOBRE LA LEGALIDAD DE ALGUNOS NUEVOS IMPUESTOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL

 


        La actual situación económica de España, con un enorme endeudamiento y Presupuestos Generales del Estado (PGE) normalmente deficitarios, está dando lugar a que el Gobierno busque nuevas fuentes de financiación. Naturalmente, dichas fuentes suelen ser los impuestos de todo tipo que tiene establecidos el Estado Español. Este endeudamiento que al día de hoy, y según el Servicio de Estudios del Banco de España, es superior a los 1.500 millones de euros, es consecuencia de la política que sigue nuestro Gobierno; séase subvenciones, ayudas, gastos corrientes, compromisos diplomáticos internacionales, salarios de funcionarios, la pandemia de la Covid-19 y otros conceptos. Estos gastos no pueden reducirse y hay que acudir a los ingresos para compensarlos. Como he citado en algunos artículos anteriores, la Deuda Soberana de España, medida por los endeudamientos del Gobierno Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, está alcanzando unos niveles exageradísimos. Además, está incrementándose en cuantía y tipo de interés, que hasta ahora era prácticamente nulo, pero que ya es un interés positivo según la operatoria del Banco Central Europeo, entre otras cosas porque esta última entidad europea está reduciendo la liquidez existente en Europa.

        Ante tales casos, el sostenimiento de nuestro país para mantener a tantas personas, organismos subvencionados, ayudas personales, subsidios de desempleo y otros apoyos a la economía vulnerable de algunas personas, amén de que estas últimas están acostumbradas a vivir en esta estructura económica y equilibrada, nos encontramos que para satisfacer las necesidades de estos últimos, surge la pregunta: ¿quién lo ha de pagar? La contestación es muy sencilla: los impuestos. Pero, ¿cuáles de ellos existentes en el sistema tributario español? Parece que no los hay en suficiente cuantía. Ello no es un gran problema para el que manda, es decir, el Gobierno español. ¿Y quiénes son los mandados? Naturalmente empresas y ciudadanos españoles. Además, esta insuficiencia de ingresos para el Estado Español, el Gobierno ha creado nuevos impuestos sin comunicarlos a los partidos de la oposición, e incluso a algunos de los partidos que gobiernan en coalición y cuyo presidente es Pedro Sánchez Pérez-Castejón (1972).

        Por el momento están surgiendo algunos nuevos impuestos, como son:

-          Impuesto sobre los beneficios extraordinarios de la banca;

-          Impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las compañías petroleras;

-          Impuesto sobre las compañías eléctricas;

-          Incluso, un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de los supermercados.

        Todos ellos entrarán en vigor el día 1 de enero de 2023. La problemática consiste en que se trata de un impuesto que entra en vigor el próximo año 2023 y que cubrirá los beneficios de estas empresas a partir del año 2022, lo cual los define como “impuesto retroactivo”, algo que no se admite en la técnica tributaria ni es aconsejado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Además, la Constitución Española de 1978 en su articulado expresa que los impuestos han de ser aprobados por los órganos legislativos, en este caso el Congreso de Diputados, y jamás pueden ser retroactivos.

        Mi personal concepción es que son impuestos retroactivos, que la política económica y los convenios internacionales entre países, no los admiten. En el caso de España, el tema ha llegado al Tribunal Supremo, que está estudiando la legalidad de dichos tributos y esperamos una resolución al respecto que puede tardar algún tiempo. Incluso se ha comentado por algunos grupos de presión, de que en el caso de que se consideren como impuestos legales, van a presentar un recurso de casación para evitar su puesta en funcionamiento. Parece ser que el impuesto extraordinario sobre los beneficios de los supermercados, ideado por la Vicepresidenta segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (1971), no ha sido aceptado por el Consejo de Ministros y, de momento, no va a ser puesto en práctica.

        Una muestra más de las dificultades económicas que tiene nuestro país y que bajo la consideración de “socialismo comunistoide” está ahogando a una buena parte de los ciudadanos españoles.  También es una muestra de que nuestros actuales dirigentes no están muy ilustrados, o preparados, en temas económicos, por la anarquía tributaria en la que se están desenvolviendo. O quizás estén muy preparados y apliquen ideas de la física, como la de que la presión ejercida sobre un punto de una masa líquida se desplaza con la misma intensidad en todos los puntos y direcciones, que es el principio de Blaise Pascal (1623-1662) y también el principio de Arquímedes (287-212 a.C.), en el que un cuerpo sumergido en una masa líquida mantiene un empuje hacia arriba igual al peso del volumen del líquido que desaloja.

        Para no ser tan erudito, me limito a decir que, en el caso del sistema tributario español, es como una cadena que ante una fuerza externa se rompe siempre por su eslabón más débil.

        Un afectuoso saludo. 

Vicente Llopis Pastor

28 de diciembre de 2022

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