Digo
“facilidad” por las fórmulas que está usando el Presidente del Gobierno español
como Órgano Ejecutivo; pero también como Órgano Legislativo según el modelo
aceptado por países democráticos occidentales que dividen el poder del Estado
en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; basándose en la obra “El espíritu de las
leyes” del francés Charles Louis de Secondat, Barón de Montesquieu (1689-1755),
que es la guía para el sano ejercicio de la democracia en la organización del
Estado.
El Poder Ejecutivo, consiste en las
tareas fundamentales del Gobierno o Consejo de Ministros, que toma las
decisiones inherentes a los temas de hacer realidad hechos y circunstancias con
las que se ha de enfrentar el Estado. Este poder ha de cumplir lo que emane de
los poderes restantes, el Legislativo, que dicta las leyes que han de ser
aprobadas previamente, y el Judicial, que verifica el correcto cumplimiento de
las leyes y de la legislación aplicable.
El Poder Legislativo, consistente en el
Parlamento, concretamente en España el Congreso de Diputados, y el Senado, que
dictamina y aprueba las leyes. Estas leyes pueden ser ordinarias o leyes
orgánicas; estas últimas de mayor trascendencia porque crean o modifican nuevas
normas básicas en la función gubernamental. En la legislación española, las
leyes ordinarias han de ser aprobadas por mayoría simple en el Congreso de
Diputados, y para las leyes orgánicas, necesitan tres quintos de los votos de
la Cámara.
En
casos esporádicos, y por una necesidad de urgencia, el Gobierno puede crear los
llamados “Decreto-Ley”, que en España se denominan “Real Decreto-Ley” en los
que el Gobierno legisla, es decir, que asume un poder que normalmente no le
corresponde, pero que, pasado un tiempo prudencial, ha de ser convalidado por
el órgano legislativo, es decir, nuestro Congreso de Diputados, quien
actualmente siempre da su conformidad a los dictados de los Reales
Decreto-Leyes que han salido de los órganos (ojo con esta palabra) del Gobierno
español, ya que para ello necesitan la mayoría simple de la Cámara, y en estos
tiempos, nuestro Presidente del Gobierno está muy avezado y apoyado por los
partidos políticos segregacionistas, independentistas y otros partidos muy
locales, de provincias o Comunidades Autónomas, que aceptan estos Reales Decretos
porque posiblemente el Presidente del Gobierno español les haya concedido
algunos beneficios a cambio de su voto. Algún día nos enteraremos de cuál es el
precio que está pagando el Gobierno por esta aprobación de los Reales Decretos
gubernamentales.
El Poder Judicial, es el conjunto de
jueces, magistrados, tribunales de justicia y otros organismos, incluyendo los
Tribunales Superiores de Justicia de cada Comunidad Autónoma, Audiencias
Provinciales, Tribunal Supremo e, incluso, Tribunal Constitucional. El organismo
que desarrolla el Poder Judicial en nuestro país es el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), que actualmente está en candelero, por el empuje del
Gobierno actual a asegurarse de que la composición de dicho CGPJ accederá a los
dictados del Gobierno.
Ante
este panorama, me cabe meditar sobre la llamada “democracia española”, que
parece ser que está plenamente asumida según los estándares internacionales.
Sin embargo, tengo mis dudas por el frecuente uso de Reales Decreto-Leyes que
está usando nuestro Gobierno. Realmente se trata de asumir una forma de
gobernar excesivamente legislada, que no nace del Poder Legislativo, sino del
Poder Ejecutivo, aunque pasado algún tiempo el Congreso de Diputados lo
convalide.
Según
he podido leer en el diario especializado “El Economista”, el uso de estos
Decreto-Leyes ha llegado a ser tan numerosos que superan las propias leyes
ordinarias u orgánicas que se han dictado durante el Gobierno de don Pedro
Sánchez Pérez Castejón (1972) y nos encontramos que, en lo que va de año, han
aprobado un total de sesentainueve leyes ordinarias y treintaicuatro leyes
orgánicas y mediante Decreto-Ley doscientas treintaicinco, que superan en
ciento treintaidós el número de leyes ordinarias y orgánicas establecidas. Para
el próximo año 2023, último de la legislatura de Pedro Sánchez, pero que puede
ser nuevamente un Gobierno como el actual, se tiene previsto un Plan Anual
Normativo de la Administración General del Estado que incluye ochentaiuna leyes
ordinarias; noventaidós leyes orgánicas y ciento sesentaitrés Reales Decretos.
Entre
los Reales Decretos dictados por el Gobierno actual durante los últimos más de
cuatro años, se encuentran temas como el establecimiento de nuevos sistemas de
cotización para los trabajadores autónomos; adopción de medidas urgentes en el
ámbito de la contratación laboral; prevención del blanqueo de capitales en
entidades de crédito; telecomunicaciones; medidas tributarias; prevención y
reparación de daños medioambientales; desplazamiento de trabajadores en servicios
transnacionales; defensa del consumidor; medidas de protección social para
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica; modificación
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; etcétera,
etcétera, etcétera, que son de suma importancia y suponen parte de la
estructura del Gobierno y de la Administración Pública. A ello hay que añadir
el que las Comunidades Autónomas también pueden legislar mediante Decreto-Ley,
lo cual nos parece un exceso de legislación generada por el Gobierno y otras
instituciones políticas y sociales.
Los
actuales gobernantes están muy ocupados en elaborar normas y Reales
Decreto-Leyes. Creo que se está llegando a emitir más leyes y Reales Decretos
obligatorios que en la dictadura del General Franco (1892-1975), tildándolo de
“fascista”, aunque jamás se llamó a sí mismo como tal. Y a quienes tienen
simpatías hacia aquel régimen, actualmente se les llama “fachas”, tal vez el
más grave insulto que pueda percibir un ciudadano español en estos tiempos,
concepto generado e impuesto por el propio Estado español actual.
No
tengo suficiente conocimiento de la razón de esta forma de gobernar, tal vez
sea la más oportuna y eficiente en los tiempos actuales; así que para mí no se
me ocurre otra palabra que la calificación de la política española actualmente
como “democracia despótica”.
Vicente Llopis Pastor
30 de diciembre de 2022
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