Se suele entender como mercado al intercambio de bienes y servicios entre varias personas mediante el uso de una unidad común que es el dinero. La tipología de los mercados es muy amplia y se estudian numerosas cuestiones que lo definen; por ejemplo, su transparencia, tipo de producto, liberalización, homogeneidad de las mercancías, grado de competencia, mercados normales o intervenidos y numerosos aspectos adicionales.
Uno de
estos mercados es el llamado “mercado laboral”, en el que la mercancía o
producto es el trabajo de las personas y, como tal, no son simples elementos,
máquinas o herramientas para la producción de mercancías que los empresarios
intentan vender compitiendo con otras empresas que fabrican el mismo o parecido
producto. Son personas las que ofrecen su esfuerzo en este mercado y que no
pueden ser tratadas como simples elementos, o animales, en los procesos
productivos. Por eso el mercado laboral está ampliamente legislado, existe el
llamado Estatuto de los Trabajadores, intervienen los sindicatos de
trabajadores, los empresarios y normativas que dicta el Gobierno o el poder
político para poder estabilizar el mercado y evitar actitudes poco favorables a
la estabilidad política.
El
Gobierno español está interviniendo profundamente en la regulación del mercado
laboral y sus intervenciones en él son muy frecuentes y obligatorias para las
empresas, así como algunos derechos de los trabajadores. Entre las diversas
cuestiones que el Gobierno español está interviniendo se encuentra el Salario
Mínimo Interprofesional (SMI), las tasas de incremento salariales, la Seguridad
Social de los trabajadores, la compensación de la pérdida de capacidad
adquisitiva por la inflación y otras cuestiones propias de políticas de
izquierda que defienden más al trabajador que al empresario. Es el signo de
estos tiempos en una España con un Gobierno social-comunista.
El
Gobierno español actual está llevando a cabo múltiples reformas en el mercado
laboral y ha manifestado que sería oportuno el cambiar el Estatuto de los
Trabajadores para crear un llamado “Estatuto de Trabajadores del siglo XXI”,
que pretende sustituir al actual por la evolución tecnológica, digital y social
de España.
Existe una
definición expresa por el Gobierno español de que se va a dedicar a “políticas
sociales”, es decir, atender las necesidades subjetivas que tienen los
ciudadanos y que se materializarán en ayudas, apoyo a las personas, subvenciones
individuales y una serie de numerosos apoyos y de entrega de dinero a las
personas más necesitadas y aumentar el derecho de los que tienen trabajo,
frente a las decisiones de la patronal, concretamente de la CEOE y CEPYME,
escuchando más a las peticiones de los sindicatos. Todo esto se traduciría en
una indemnización modulable en función de las características del trabajo, por
ejemplo, en las circunstancias del trabajador despedido, tales como su edad, la
formación, el género, o incluso la renta que recibe su familia, la
indemnización sería diferente en el caso de la despedida del trabajador y se fundamentaría
no solo en la causa, sino también en la antigüedad del trabajador en la
empresa, el salario y algunos datos adicionales que no tienen nada que ver con
el trabajo realizado, sino que se fundamentarían en el número de hijos que
tienen, la situación personal y familiar, la edad y otras variables. Dicho de
otro modo, el tratamiento de los empleados por el empresario ha de ser
fundamentalmente en sus aspectos subjetivos y menos en los aspectos objetivos.
Por ejemplo, un ingeniero o especialista joven y soltero no alcanzaría
indemnizaciones, despidos que pueden llegar a obtener los mediocres
trabajadores de mayor edad y con hijos y familiares a los que ha de atender.
Desde mi
punto de vista, creo que el Gobierno español intenta hacer “tabula rasa” entre
los trabajadores y los salarios y sus incrementos están más ligados a las
circunstancias personales de cada trabajador que a la tarea específica que
realiza en una empresa y que puede darse el caso de que tenga mayor salario un
trabajador de poca cualificación que el mejor de sus trabajadores
especialistas, que asumen una responsabilidad directa y que tienen una profunda
formación para el trabajo. Dicho de otro modo, creo que el llamado “mercado
laboral” va a ser cada vez más complejo y no se va a tener en cuenta el mérito
de los trabajadores, sino las circunstancias personales de su familia. Si esto
llega a ser así, y creo que es lo que va a ocurrir, nos encontramos con una
poca motivación en el mercado laboral, tanto de los técnicos y trabajadores
especialistas, como de las personas que dirigen la gestión de la empresa y de
sus propietarios.
Me temo
que el incremento de competitividad de las empresas españolas, por el que
abogan los economistas y los servicios de estudio de empresas y de la Administración
Pública, cada vez será más reducido. La protección social de los trabajadores
españoles va a mermar la competitividad en un mundo globalizado en el que las
exportaciones y tareas de las empresas multinacionales españolas van a ser cada
vez más difícil.
Los
empresarios españoles asumen la responsabilidad de la gestión y funcionamiento
de las empresas, pero quien más manda en ellas es el propio Estado español,
quien dicta normas de cómo se ha de trabajar, por muy nimias que ellas sean.
Dicho en castizo: el empresario es el responsable y el Estado se ha metido
dentro de la empresa para organizarla a su manera.
Espero que
esto no ocurra de forma tan cruda como acabo de exponer.
Un
afectuoso saludo.
Vicente Llopis Pastor
27 de noviembre de 2022
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