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LAS RECOMENDACIONES DEL BANCO CENTRAL EUROPEO

 

 

            El Banco Central Europeo (BCE) es el ejecutor de la política monetaria de la zona euro de la Unión Europea (UE). Comenzó a operar con dinero físico el 1 de enero de 2002, aunque ya trabajaba como unidad de cuenta en los cálculos de las macromagnitudes, liquidez, control bancario y otros menesteres que tienen el objetivo último de controlar la inflación. Está instalado en Fráncfort, Alemania, y sigue una política parecida a la del Bundesbank alemán de ser independiente de las decisiones de los Estados, que se ocupan de la política económica en cuestiones de gasto, fiscalidad, tributación y otros menesteres, y que no pueden enmendar la plana ni intervenir en la política monetaria, es decir, en la cantidad de dinero y tipos de interés que fija el BCE para toda su zona operativa. Actualmente, su Presidenta es Christine Lagarde (1956), francesa, quien tiene una trayectoria en las finanzas internacionales de notable éxito y, entre otros cargos, ha sido Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI).

            Hoy en día está apareciendo un crecimiento de la inflación, y el BCE debe tomar medidas para que, en lo posible, ésta no se dispare, cuestión que va a ser bastante difícil de conseguir, ya que el Índice de Precios al Consumo (IPC) lleva más de medio año con tasas de alrededor del 10%, algo inaudito, tanto en Europa como en Estados Unidos, y el BCE, de momento, ha realizado unas “recomendaciones” que debe llevar a cabo la banca europea. Estas “recomendaciones” pudieran ser de obligado cumplimiento si la inflación no se reduce a una tasa adecuada, que podría ser, como en los últimos veinte años, de un 2% anual.

            De esta forma, el BCE ha aumentado la presión sobre algunos bancos europeos para que sean comedidos en el pago de dividendos y bonus a sus altos ejecutivos en el actual contexto de inflación y frenazo económico. El BCE, como supervisor de los bancos europeos, está transmitiendo a las entidades que se comporten con moderación, ya que le preocupa que la crisis energética provoque una ola de impagos. En su opinión, Europa se enfrenta a “un shock macroeconómico persistente y en toda regla”, que requiere que los supervisores “ejerzan extrema precaución”. Se calcula que para el año 2023, la banca europea pueda necesitar 110.000 millones de euros y aboga por crear un fondo suficiente para dichas provisiones y, por el momento, recomienda que no se faciliten los dividendos a sus accionistas y los bonus a los altos ejecutivos, lo cual supone una manera de retener la liquidez en el BCE y evitar situaciones impropias en la banca e incentivar la inflación.

            El BCE se refiere, sobre todo, a los bancos de mayor dimensión, entre los cuales están los españoles Caixabank; Bankinter; Sabadell; BBVA y Santander.

            La situación actual de la banca europea es parecida a la del periodo de la pandemia de la Covid-19, en la que ésta tuvo que realizar una montaña de provisiones, que finalmente no se utilizaron porque la recuperación fue igual de intensa que la caída. Y porque las moratorias y ayudas gubernamentales congelaron la tasa de morosidad. Sin embargo, casi todos los expertos coinciden en que el escenario actual es más peligroso por la inflación y la posibilidad de recesión.

            La banca europea cerró el año 2021 con un colchón de provisiones de 55.000 millones de euros. Para el año 2023 se calcula que necesitarán 110.000 millones de euros, tal como he dicho anteriormente.

            En el caso español se estima que el 90% de los ingresos extra que llegarán a la banca gracias a la subida de tipos de interés se evaporará por culpa de las provisiones, del impuesto especial a la banca, de la inflación y de la presión para volver a remunerar los depósitos.

            Tan sólo me falta añadir que el Gobierno español quiere aplicar un nuevo impuesto especial a la banca del 4,80% de los ingresos financieros de la banca local, que no son los beneficios directos, sino una cuantía mucho mayor, lo cual mermará sus beneficios y es una forma de reducir los dividendos a repartir, ya que el Estado español desviará hacia él cantidades enormes de dinero y se retribuirá en menor cuantía a los accionistas. Se espera que los próximos años se dé un importante giro al destino de los beneficios bancarios en España.

 

Vicente Llopis Pastor

19 de noviembre de 2022

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