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DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS EMPRESARIALES


      Según manifestaciones del Presidente del Gobierno, la Ministra de Trabajo, los partidos políticos Unidas Podemos y otros que apoyan en el Parlamento al Gobierno español, parece que la intención del Ejecutivo español es la de hacer tributar de forma extraordinaria a las empresas eléctricas y a la banca, por entender que ganan mucho dinero y quieren que dichos beneficios vayan a parar al Estado y no a los propietarios de las empresas. 

Se pueden leer titulares como “Hacienda busca que el alza fiscal a las eléctricas grave su beneficio de 2022”; “El Gobierno explora crear un nuevo tributo o impulsar un encargo en Sociedades con el objetivo de que su efecto recaudatorio impacte sobre las ganancias extras que deja la inflación este año”; “Si gobernásemos solos, plantearía nacionalizar a esos buitres” (palabras de Pablo Echenique, de Unidas Podemos); “La medida no se ha aprobado todavía, pero el Ejecutivo dice que la decisión está tomada”; “Hacienda subirá los impuestos a las eléctricas. Endesa y Naturgy serían las más afectadas si se aumenta el Impuesto de Sociedades en diez puntos”; “El Gobierno busca que las ganancias pasen a financiar gastos sociales de las Administraciones”; “Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, manifiesta que el nuevo tributo se puede legislar inmediatamente e insta al Ejecutivo a llevarlo a cabo”; y otras manifestaciones semejantes.

A este respecto, me permito citar la ortodoxia que suele tener la economía liberal y de mercado en lo relativo a la distribución de los beneficios que consigue anualmente. El objetivo de las empresas es el de ganar dinero, tal como ya dijo el padre de los economistas clásicos, Adam Smith (1723-1790), y se organizan de la mejor forma posible para obtener los productos que le sean rentables. Normalmente la distribución de los beneficios anuales se realiza en tres apartados, cada uno de ellos recibe un tercio de dichos beneficios; concretamente, un tercio para los propietarios o accionistas mediante el pago de dividendos; otro tercio que se queda la propia empresa para su mayor solidez, es lo que se llama autofinanciación; y el tercio restante para los impuestos.

Estas cifras no son exactas pero son las recomendadas por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Como esta distribución suele estar fijada por Ley, los empresarios saben a qué atenerse cuando toman sus decisiones. Pero hete aquí que en el caso de las eléctricas y de la banca española, están teniendo un buen ejercicio y ganando cifras millonarias, a las que el Gobierno actual, de matiz social-comunista, no le parece correcto, ya que su idea es la de ampliar el gasto social a costa de los beneficios de las empresas que más importes alcanzan. En una palabra, tal como yo entiendo estos titulares de prensa y las intenciones de sus manifestantes, creo que lo que buscan es que los beneficios empresariales sean todos para el Gobierno, es decir, no la tercera parte de la ortodoxia que fija la OCDE, sino la totalidad de dichos beneficios.

Particularmente creo que no va a dar buenos resultados; en principio porque dentro del Consejo de Ministros hay voces discordantes y en segundo porque la teoría de los impuestos, que está asumida por organismos internacionales, e incluso decidida según el tipo de actividad, no es una simple recaudación, sino que está relacionada con su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de los diversos sectores productivos de un país.

Yo he sido profesor de Historia del Pensamiento Económico en la Universidad de Alicante y dentro de su programa de estudios se incluía la “metodología marxista”, que no era otra cosa que las aseveraciones de Karl Marx (1818-1883) y de Friedrich Engels (1820-1895), en su obra “El manifiesto comunista” (1948), mediante una serie de silogismos que servían para demostrar que el capitalismo iba a ser derrotado por los trabajadores, ya que no se podía mantener basándose en las “plusvalías” que le robaban a sus trabajadores.

Pues bien, estimado amigo, hago mi particular concepción de que el exagerado incremento de impuestos a las empresas eléctricas y bancarias es una parte de la “teoría de la explotación” marxista, en este caso en favor del Estado, que a la larga se transforma en “teoría de la expoliación”, con lo cual todo será para el Estado y según dictamine y obligue el Estado. Curiosamente, la mayor parte de los beneficios de estas empresas españolas, consideradas multinacionales, son generados en el extranjero, fundamentalmente en Europa y América. 

No me extrañaría que la Unión Europea le dijera a España algo respecto a estas tributaciones extraordinarias. Lo que he expuesto no es otra cosa que mi opinión.

Un afectuoso saludo.


Vicente Llopis Pastor

 20 de julio de 2022


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