El
Gobierno español está decidido a sufragar su batalla contra la inflación a
cuenta del desarrollo de nuevos impuestos sobre las grandes entidades
financieras y empresas energéticas, a las que planea prohibir el traslado a
precios de esta nueva carga fiscal que ha creado para dichas empresas. Así lo
ha anticipado la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero Cuadrado (1966),
ante la advertencia de los propios sectores, los analistas y la oposición política,
de que hacer tributar más a estas compañías provocará una mayor alza de los
costes que sufren los consumidores. Para evitarlo, detalló la señora Ministra,
que el Ejecutivo planea habilitar a la Comisión Nacional de los Mercados y
Competencia (CNMC) para multar a las firmas que así procedan.
Basándose
en un supuesto exceso de beneficios de algunas empresas, el Ejecutivo español
ha creado un impuesto específico para hacerse con el beneficio reportado por
estas entidades. Resulta lógico que las empresas al no obtener beneficios o por
haber disminuido excesivamente por las medidas tributarias del Gobierno, hayan
de tomar decisiones en el sentido de que los productos y bienes que fabrican
son susceptibles de incrementar su precio, ya que si no es así, apenas tendrían
beneficios, que es el objetivo último de cualquier empresa. Pues bien, el
Gobierno ha decidido que el incremento de impuestos que sufre la empresa no
puede repercutir en los precios de sus productos. Para ello va a servirse de
inspectores y de la legislación de la CNMC para que la contabilidad de costes
de la empresa no pueda realizarse según las teorías tributarias y el
liberalismo económico, sino que serían estos funcionarios quienes entrarían
dentro de las empresas para ver, observar y, en su caso, modificar, los
procesos productivos. Dicho de otra manera, los funcionarios harán y desharán
dentro de la empresa lo que les plazca, o lo que entiendan, y ante ello el
empresario no será libre de tomar sus propias decisiones. Es un
intervencionismo exagerado, ya que, en la práctica, desaparece la figura del
empresario y es sustituida por el inspector de Hacienda o de la CNMC de turno.
Jamás
he conocido este tipo de casos para evitar la inflación en la que es el
Gobierno quien somete al tercer grado al empresario para conseguir la reducción
de la inflación y que no va a tener éxito porque es un esquema artificial y no
sigue las leyes de la economía, ya que ésta última tiene sus normativas y sus
decisiones que se derivan del mercado en el que intervienen. Es algo que me
resulta alarmante ya que es como incorporar un roedor dentro del organismo de
una empresa, que poco a poco se la va a comer por dentro. Es algo parecido a lo
que en otros tiempos se les llamaba “comisarios políticos”, que tenían la
capacidad de violentar las decisiones de los generales y mandos militares en
las guerras, como ocurrió en la Guerra Civil Española con los militares
soviéticos. En fin, una fórmula de descomponer un organismo vivo, como puede
ser la empresa, en la que a los directivos se les quita la voz, mando, toma de
decisiones y otras funciones gerenciales que pasan a manos del inspector que ha
sido nombrado por el Ejecutivo.
La
razón para que el Ejecutivo haya tomado esta decisión, es la de que para evitar
el incremento de los precios de los productos elaborados por una empresa, le
reducen el oxígeno, con lo cual, casi sin darse cuenta, la empresa va a morir
por falta de respiración. También es una decisión “manu militari”, sin pedir
opinión a nadie. Ello hará desaparecer la competitividad, se moverá en terrenos
impropios de la Unión Europea, que es el de la economía liberal, y, en fin, me
parece una medida poco estudiada. Es algo así como apagar un incendio tapándolo
con unas lonas.
Esta
información la he recogido de unas manifestaciones de la citada Ministra, en
las que para justificarlas se limita a atacar duramente al Partido Popular (PP)
antes de saber cuáles son sus reacciones, ya que entienden que si pasara a
gobernar este último la inflación se desbocaría y de esta forma resuelven la
situación antes de que se presente.
Con
estas medidas, en un solo minuto, el Consejo de Ministros español habrá
solucionado el tema de la inflación, algo que sesudos intelectuales no lo han
podido descifrar en los miles de años que contemplan nuestra historia. Hasta
ahora se inspeccionaban las empresas desde el punto de vista externo y usando
los criterios de contabilidad y el Plan General Contable español. Ahora con
esta medida ya no hace falta acudir a la contabilidad, solamente con
presentarse en la empresa y ver cómo funcionan las cadenas de montaje, las
pausas en el trabajo, los descansos y demás formas de organizar el trabajo,
nuestro Gobierno lo puede solucionar todo. Realmente, para mí, el Gobierno
entiende que “mandar es lo que importa”.
Un
afectuoso saludo.
Vicente Llopis Pastor
29 de julio de 2022
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