Las personas en edad de trabajar son aquellas que tienen
desde 16 años a los 67, que es la edad de jubilación. Es la llamada población
activa. Que no es exactamente el número de personas, si no que hay que
depurarlas porque buena parte de ellos son estudiantes o están al servicio de
algunos Organismos No Gubernamentales y otros sectores. Por ejemplo, no todas
las mujeres están en el mercado laboral, si no que se dedican a labores
domésticas y a cuidar de sus hijos y, por tanto, no están a expensas de un
salario por su trabajo. Las mujeres que forman la población activa dependiente
de un empresario o del sector público en nuestro país se sitúan en un 70% aproximadamente.
A grandes rasgos y según estadísticas publicadas por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), el Instituto Nacional de Empleo (INEM)
y las Encuestas de Población Activa (EPA). En el caso del INEM, se cuantifican
las personas que solicitan un empleo y como tal lo piden a dicha institución
que, con mayor o menor éxito, consigue emplearlas en una determinada actividad
y se publican mensualmente. Pero para conocer el nivel de desempleo de nuestro
país son más precisas las EPA, que se cuantifican trimestralmente basándose en
encuestas y otras medidas complementarias. A la hora de clasificar el mundo
laboral español surge la dicotomía de empleos públicos y empleos privados. Los
empleos públicos son las personas asalariadas a las que les paga el Estado y el
empleo privado el que depende de empresas de iniciativa individual. A su vez
esta clasificación se puede subdividir de muchas maneras, generalmente a las de
empleo público se les suele llamar “funcionarios” y a las de empleo privado
“trabajadores”, aunque el Estado, por la fórmula política de que España está
constituida mediante Comunidades Autónomas, el empleo público se puede
subdividir en Estado Central, Comunidades Autónomas y entidades locales, o
séase, Ayuntamientos.
Según las estadísticas que ha ofrecido hace pocos días la
EPA, correspondiente al primer trimestre de 2022 y con cifras redondas, nos
encontramos con que cada Comunidad Autónoma tiene los siguientes empleados a
los que ha de pagar el salario y el tanto por ciento de trabajadores, de menor
a mayor, que tiene cada una de las Comunidades Autónomas españolas:
En esta tabla el número de empleados del sector publico incluye a funcionarios, pero también a interinos que han sido contratados mediante la legislación laboral y que ha sido numerosa por las razones de la pandemia del Covid-19, hoy parece que ya superada, pero que dicho personal laboral posiblemente pase a ser funcionario de carrera.
Esta cifra de 3.441.900 personas, son las que trabajan para
las Comunidades Autónomas, Administración Local y entes similares. A ello hay
que añadir los funcionarios que sirven directamente al Estado en actividades
como defensa, fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil, diplomáticos,
jueces y otros, cuya competencia no es de las Comunidades Autónomas, si no del
Gobierno Central, y que suponen 512.600 personas. A ello hay que añadir los
“políticos”, que se dedican total o parcialmente a tomar decisiones sobre la
gestión política de nuestro país.
Concluyendo, esta es la estructura laboral de nuestro país,
que varía por razones de necesidad de funcionarios, bajas por enfermedad,
jubilaciones y otras causas que hacen inestables las cifras que he citado y que
son referidas al primer trimestre de 2022.
Para mí, quizás el dato más importante es el peso que
tienen las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en el mercado laboral. Por
bajo del 19% puede ser aceptable, según los “paradigmas de conocimiento”, que
son los cálculos que los economistas suelen asumir como idóneos para un Estado;
desde el 20% al 22% ya suponen un exceso; y por encima del 22% es exagerado,
salvo que el sistema no sea liberal, es decir, socialista o socializante, en el
que requieren de muchos funcionarios para coordinar, ordenar, transcribir,
controlar y vigilar a los creadores de riqueza, es decir, las empresas privadas
y sus empleados. En tal caso, la falta de iniciativas empresariales privadas ha
de ser suplida por empresas públicas, lo cual hace incrementar el número de
trabajadores asalariados del Estado.
Actualmente se está hablando mucho del acierto que ha
tenido el Gobierno con una nueva legislación laboral, que ha sido aprobada en
el Congreso de Diputados por un solo voto de diferencia y que la Ministra de
Trabajo manifiesta que con ello se ha modernizado el mundo laboral español,
desapareciendo los contratos temporales y transformándolos en contratos fijos
discontinuos. Los países en los que abunda la empresa pública son menos
competitivos que aquellos en los que abunda la empresa privada, ya que no tienen
competencia perfecta según la ley de los mercados, que se estudia en la Ciencia
Económica.
Estimado lector, hasta el próximo artículo.
Un afectuoso saludo.
Vicente Llopis Pastor
24 de junio de 2022
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