LA REFORMA LABORAL

 

Durante los últimos días todos los medios de comunicación españoles nos han ido bombardeando con la llamada “Reforma Laboral”. Realmente, bajo dicha denominación, se refieren a la intención del partido político Unidas Podemos (UP), del que forma parte la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez (1971), la más dinámica, que ha asumido el tema de la Reforma Laboral y que se mantiene férrea por los acuerdos de Gobierno de coalición entre Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos, con abrazo incluido entre Pedro Sánchez Pérez-Castejón (1972) y Pablo Iglesias Turrión (1978), quienes formaron Gobierno junto con el Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), Izquierda Unida (IU) y con el apoyo parlamentario de partidos periféricos, séase Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partido Nacionalista Vasco (PNV) y otros.

Dichos acuerdos son la derogación de la Reforma Laboral que realizó, en el año 2012, el Gobierno del Partido Popular (PP) y cuyo Presidente del Gobierno era Mariano Rajoy Brey (1955). Es decir, el tema es la contrarreforma, ya que es legislar sobre el mercado laboral derogando la Reforma Laboral de 2012. Curiosamente, esta posible derogación está pasando por un indeseable trance, en el que el actual Presidente del Gobierno ha de hacer una gran faena de aliño y “templar gaitas”, porque en esta ocasión no consiste en una negociación que habitualmente es a tres bandas: sindicatos, empresarios y anuencia del Gobierno. Ahora la nueva mesa de billar en la que se desarrolla el juego laboral tiene muchas bolas, algunas de ellas con una carga de dinamita, que pueden explosionar. Me refiero a que esta derogación,  que convinieron entre el PSOE y UP para formar Gobierno, y que firmaron en el año 2018, fue una de las condiciones para formar un Gobierno de coalición. Dicho acuerdo tiene la validez de un “pacto entre caballeros” y la idiosincrasia de los españoles lo interpretan “sui generis”.

De momento nos encontramos con los siguientes jugadores en la mesa de billar:

Los sindicatos, que son favorables a la derogación de la Reforma Laboral de 2012, fundamentalmente Comisiones Obreras (CCOO).

Los empresarios, tanto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), en contra de la derogación.

Unidas Podemos, es la más favorable a dicha derogación, porque es la que ha redactado la modificación de la legislación laboral y la está defendiendo con uñas y dientes, sobre todo por medio de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz Pérez, quien tiene una fuerte personalidad y no se arredra ante comentarios que no le son favorables. No nos extrañe esta postura de la Sra. Díaz, ya que en su trayectoria política, desde muy joven, en Galicia, en donde nació, estudió, ya se incorporó al Partido Comunista de España (PCE) y al sindicato CCOO. En este tema laboral, es muy agresiva.

PSOE, que no forma un equipo de fuerte consistencia, ya que hay posiciones dubitativas de algunos socialistas del Consejo de Ministros, destacando, entre ellos, a la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Nadia Calviño Santamaría (1968), que se niega taxativamente a dicha derogación. La Sra. Calviño ha sido, durante muchos años, Directora de Organismos de la Unión Europea (UE) con sede en Bruselas y conoce muy directamente el sentido político de dicha UE.

Unión Europea, que también está en contra de dicha derogación, ya que opta por una mayor flexibilidad laboral, y en el caso de que se derogue la actual Reforma Laboral, puede aducir que España no cumple el pacto por el que va a recibir ciento cuarenta mil millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Next Generation.

Demasiados partícipes en un tema que va a afectar a todos los ciudadanos españoles, dada la importancia que tiene el trabajo en la economía y sociedad de cualquier país, y del que España es un caso paradigmático, tanto por los efectos de la Covid-19 como por la “espada de Damocles” que cuelga de un fino hilo sobre la cabeza de nuestro Presidente del Gobierno, el cual es un avezado político que sabe “nadar y guardar la ropa”, y cuyas manifestaciones, a veces, son contradictorias, pero ejerce su Presidencia como una casi total soberanía.

Con el fin de ilustrar al lector me permito describir brevemente el contenido de la Reforma Laboral del PP del año 2012, y el proyecto de la, digamos, “contrarreforma”, que avala Unidas Podemos, redactada en el año 2018, y que a grandes rasgos, lo más relevante es lo siguiente:

Reforma Laboral de 2012.

1.      Implantación de un despido más barato.

2.      Facilidades para cambiar jornadas, turnos, funciones y salarios.

3.      Despido por causas económicas de la empresa, bien por la reducción de sus ventas o de sus beneficios.

4.      Indemnizaciones de veinte días por año para todos, con un tope de doce mensualidades, en el caso de despido procedente, y de treintaitrés días por año y un tope de veinticuatro mensualidades, en el caso de despido improcedente, con lo que se abarata el coste del despido.

5.      Eliminación de la autorización laboral para los despidos colectivos. Es decir, la creación de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ya no han de ser aprobados por la Conserjería de Empleo de la Comunidad Autónoma o del Ministerio de Empleo. Sólo es necesaria la autorización judicial, a posteriori.

6.      Incorpora los llamados Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que han sido de suma utilidad ante la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, que ha permitido que millones de trabajadores sigan cobrando una indemnización de paro y con la reincorporación a la empresa una vez que la situación pandémica haya desaparecido.

7.      Por primera vez aparece el despido colectivo en todas las Administraciones Públicas y en todas las empresas, organismos y entidades que forman el sector público. Se libran los funcionarios de carrera, pero no el personal laboral. La causa, como en el sector privado: nueve meses de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente.

8.      Convenios; aparecen los convenios de empresa, en los que un empresario y sus trabajadores deciden las condiciones salariales y complementarias, independiente de los convenios del sector, que son negociaciones entre sindicatos y trabajadores de un sector productivo, y que han de cumplirse en toda España, séase en Madrid, Alicante, Barcelona u otras, a lo que hay que añadir la ultraactividad, que significa que el convenio de empresa se puede prorrogar si así lo entienden el empresario y sus trabajadores, ya que si decae el acuerdo de empresa, el convenio sectorial suele ser menos favorable.

9.      Contrato para PYMES; nuevo contrato para impulsar las contrataciones indefinidas de jóvenes en las PYMES, que sólo pueden usar las empresas de menos de 50 empleados, teniendo un periodo de prueba de un año, lo cual, de facto, supone el despido libre.

10.  Emprendedores; los empresarios pueden deducirse, de forma progresiva, 3.000 euros por el primer trabajador que empleen, siempre que sea menor de treinta años y esté inscrito en el paro.

11.  Capitalizar el paro; con el fin de percibir el 100% de la prestación por desempleo para generar el emprendimiento o creación de nuevas empresas; anteriormente, esta capitalización era del 80%.

12.  Contrato de formación y aprendizaje; válidos hasta los treinta años de edad.

13.  Eliminación del contrato de fomento del empleo.

14.  Bonificaciones a la contratación indefinida.

15.  Admisión de horas extras en contratos a tiempo parcial.

En líneas generales, dicha Reforma Laboral de 2012 tiene un ligero rasgo favorable a las empresas, por considerarlas que son quienes verdaderamente generan empleo.

Normativa de Unidas Podemos redactada en 2018 y que busca derogar la Reforma Laboral de 2012 antes citada. En su contenido destaco los siguientes puntos, aunque no conocemos con todo detalle las nuevas propuestas de UP, podemos intuir, y así lo suelen comentar en los medios de comunicación, las siguientes modificaciones:

1.      Limitar los contratos temporales.

2.      Reducir los tipos de contratos: de los 33 que ahora están en vigor en España, a sólo 3, uno indefinido o “estable”; otro, el temporal; y uno más, de formación.

3.      La propuesta de desaparecer el contrato de obra y servicio y del fijo de obra, de manera que estos trabajadores pasarían a ser indefinidos, con contratos fijos-discontinuos.

4.      No utilizar contratos temporales para trabajos de naturaleza estacional, o vinculados a campañas, sino que sólo se dejarán para razones de carácter productivo y organizativo.

5.      Sólo podrán usarse los contratos fijos-discontinuos cuando se produzca un incremento ocasional e imprevisible de la actividad empresarial, que no puede ser atendido por la plantilla habitual de la empresa, pero no se podrá utilizar para atender trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa.

6.      Castigar a las empresas que abusen de la temporalidad, por ejemplo, estableciendo que serán nulos los despidos ligados a la temporalidad.

7.      Recuperar los convenios colectivos sectoriales.

8.      Desaparecer los convenios de empresa, por entender que éstos son peores que los convenios sectoriales, tanto en salario como en condiciones laborales.

9.      Coto a la subcontratación, es decir, que las empresas que se sirven de otras empresas, la llamada “subcontratación” o “outsorcing”, han de ser lo menos posibles y que la empresa principal que contrata a las empresas auxiliares ha de asumir las deudas y los impagos de la contratada o subcontratada, es decir, que existirá una responsabilidad subsidiaria.

10.  Los trabajadores fijos-discontinuos percibirán un Mecanismo de Sostenibilidad de Empleo (MSE), es decir, una flexibilidad interna que permita rebajar las jornadas de los trabajadores; esto es idéntico al ERTE, y en las estadísticas de empleo, figurarían como trabajadores, con lo cual, la tasa de desempleo, a efectos comparativos con otros países, sería menor.

Esta posible derogación de la Reforma Laboral está negociándola Yolanda Díaz, Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, quien, hasta ahora, ha sido muy explícita y defensora de las nuevas normas ante el sindicato CCOO y otros grupos de izquierda; no en vano, esta Ministra se ha definido como marxista y, por tanto, no ve con buenos ojos la empresa privada y lo que se considera “explotación del trabajador”.

En fin, amigo lector, un dilema añadido a la “cogobernanza” de nuestro país, concepto que ha acuñado el actual Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Igualmente quiero señalar que sobre la UE el tema ha de estar zanjado antes del 31 de diciembre de 2021. Si no se logra antes de dicha fecha, o el contenido no lo acepta la UE, adiós a los ciento cuarenta mil millones de euros prometidos para España, de los que, hasta ahora, transcurrido un año desde su aprobación, no hemos recibido ni un solo céntimo. Como es un Plan para tres años (2021-2023), confiemos en la sabiduría de todos para que, en los próximos dos años, percibamos dichos fondos, parte de los cuales, el Gobierno actual los ha incluido en los Presupuestos Generales del Estados (PGE) del año 2022, que actualmente está en su obligatorio trámite para que los apruebe el Congreso de Diputados y el Senado.

Esta aprobación no está asegurada, ya que los partidos políticos que apoyan parlamentariamente al Gobierno solicitan algunas concesiones del Gobierno Central; algunas tan curiosas como la de ERC, que apoyaría al Gobierno siempre que las películas de la plataforma Netflix también se presenten en lengua catalana; el PNV exige cuantiosas inversiones y, ¿qué más puedo decir? Pues simplemente que estamos muy felices porque somos totalmente demócratas. Eso sí, dentro de una “democracia a la española”.

Ante este tema, el Presidente del Gobierno manifestó, hace unos días, que la cuestión de la Reforma Laboral caía bajo la responsabilidad de la Vicepresidenta Primera y Ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Dos días después, rectificó diciendo que la llevaría adelante la Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre con la “tutela” del Consejo de Ministros.

 

                  

Vicente Llopis Pastor

31 de octubre de 2021