Digo que es “nuestro” Banco Sabadell porque tiene su sede social en Alicante y es fruto de su adquisición de la orgullosa Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), cuya gestión fue bastante nefasta y agudizada por la crisis financiera del año 2008. Los directivos y gestores de la citada CAM están acudiendo a juzgados, audiencias, Tribunal Supremo y otros órganos judiciales para resolver enmarañados temas financieros. Hay que citar que la CAM fue la primera caja de ahorros que emitió “cuotas participativas” y cuyos compradores de dichas cuotas llegaron a perderlas íntegramente; así como la “deuda subordinada”, sobre la que hay sentencias judiciales poco favorables a los clientes.
Banco
Sabadell adquirió la CAM por la cantidad de un solo euro en el año 2011. Una
cifra irrisoria para una entidad de la envergadura de la CAM, que es un precio
que necesariamente ha de ser positivo para que se considere un contrato de
compraventa, fusión o integración. Una vez aceptado el compromiso de que el
Banco Sabadell se hiciera con la CAM, la Autoridad Monetaria española, en este
caso el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV),
aseguraron al adquirente que le apoyarían con dinero público o casi público que
formaban parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB);
separación del activo de la CAM de los activos de dudoso cobro consecuentes con
la financiación de la construcción en épocas de bonanza anteriores, que pasaron
a integrarse dentro de lo que se llama un “banco malo”, que se suele usar en
casos parecidos en varios países europeos; reducir el inmovilizado material de
viviendas, casas, pisos y terrenos creando una filial del Banco Sabadell
llamada “Solvia”, dedicada a vender estos activos no rentables ni útiles para
Banco Sabadell y, sobre todo, la creación de un “Esquema de protección de
activos” (EPA). Este EPA se calculó hace diez años por un montante de 5.249
millones de euros, que era la ayuda del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD)
para cubrir el ochenta por ciento de las pérdidas que tuviera el Banco como consecuencia
de la concesión de créditos inmobiliarios e hipotecas en años anteriores a su
adquisición en 2011 y por un periodo de 10 años cuyo vencimiento se sitúa en
este año 2021. Por cierto, que la aplicación del FGD en el Banco Sabadell es
algo heterodoxa, ya que su finalidad es asegurar hasta cien mil euros los
depósitos que una persona o cliente tiene en el Banco y, sin embargo, se ha
hecho uso de este FGD para apuntalar a Banco Sabadell.
Paulatinamente,
en el último trimestre de cada año, el FGD va desembolsando el 80% de la cifra
de pérdidas que tiene Banco Sabadell procedentes de la gestión de créditos
inmobiliarios e, incluso, de su promoción de viviendas, hoteles y otras
construcciones, tanto dentro como fuera de España. Según he podido leer hace
unos días en el Diario Información de Alicante, el FGD lleva desembolsados
7.144 millones de euros por este EPA y entiende que ha desembolsado mucho más
dinero que los 5.249 millones de euros calculados hace diez años. La situación
de este EPA la interpretan el FGD y el Banco Sabadell de distinta forma y
existen discrepancias sobre algunas de las cláusulas que rigen dicho EPA, que
ha servido para poder digerir Banco Sabadell los activos tóxicos inmobiliarios
de la antigua CAM. Estimado lector, el tema está puesto en bandeja y EPA y
Banco Sabadell manejan, cada uno a su manera, el tenedor y el cuchillo para
servirlo. EPA ha desembolsado 7.144 millones de euros, frente a lo calculado
hace diez años de 5.249 millones de euros, es decir, ha financiado 1.895
millones de exceso, y no está dispuesto a que esta situación se petrifique, y
menos todavía cuando tenga que asumir la anualidad correspondiente al ejercicio
2021 que hará efectiva en el último trimestre de este año.
Total,
FGD y Banco Sabadell han decidido recurrir a un arbitraje para dirimir las
discrepancias que mantienen algunas de las cláusulas del EPA, el arbitraje
sobre el exceso de los 1.895 millones de euros aportados por EPA servirá para
apaciguar o encrespar a Banco Sabadell, que se ha reestructurado, ha cambiado a
su Consejero Delegado, cerrado numerosas oficinas, jubilado a miles de
empleados y otros en situación de ERTE. No es un caso único en España ya que
con distintas cifras es algo que ha servido para el Unnim Banc e, incluso, el
BBVA.
Hay
que citar que en el año 2018 se firmó un acuerdo de clarificación del importe a
aportar por el EPA, elevándolo de 5.249 millones de euros a 7.386 millones de
euros. Un pacto que se firmó para que la autoridad monetaria accediera a
autorizar la venta en grandes carteras que realizó el Banco Sabadell de dichos
activos tóxicos y que colocó en fondos de inversiones para acelerar su salida y
deshacerse de su filial Solvia. Según esta cláusula del año 2018, el EPA
debería aportar 242 millones de euros en el próximo otoño. Con ello finalizaría
la liquidación de este EPA. Banco Sabadell no está de acuerdo y quiere que el
FGD aporte más dinero, lo cual jurídicamente no es factible. Para resolver esta
cuestión el EPA quiere aumentar en mil millones de euros y no parece que esto
se materialice. De ahí el recurrir al arbitraje para dirimir las discrepancias
que mantienen estas dos entidades.
Un
tema más a añadir derivado de aquella CAM que tanto brillaba en España hace
unos quince años y que ha acabado como todos ya saben, desapareciendo y
desfilando sus directivos y Consejo de Administración por los banquillos del
sistema judicial español.
Estimado
lector, confío que esta cuestión tenga una correcta solución para la economía
alicantina y para los clientes de Banco Sabadell.
Un
afectuoso saludo.
Vicente Llopis Pastor
23 de junio de 2021
Bien Vicentin! Si no es por ti ni flores.lo de los economistas me gusta un poco menos, excepto tu, como es lógico. Por cariño...
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