PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN (1972), EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CON MÁS PODER EN LA HISTORIA DE ESPAÑA

 

            Amable lector, quizás el título le resulte exagerado. Y tal vez lo sea. Pero lo cierto es que Pedro Sánchez Pérez-Castejón (1972), como Presidente del Gobierno está alcanzando una cota de poder que difícilmente ha podido lograr cualquier Presidente del Gobierno español en épocas democráticas. Fíjese, estimado lector, que en poco tiempo ha conseguido que la Fiscalía General del Estado dependa tan directamente de él, tal como lo ha dicho públicamente, que se ha transformado en una especie de “abogado defensor” de su Gobierno. Observe para ello que la Fiscal General del Estado desestima y califica como “no procede” todos los asuntos que les presentan los partidos políticos de la oposición que se plantean contra el Gobierno en dicha Fiscalía. Ha logrado minusvalorar al Jefe del Estado Español, S.M. El Rey Felipe VI (1968), que apenas interviene en actos públicos y no puede tomar ninguna decisión política; tiene a su favor los medios de comunicación social a los que ha entregado millones de euros del erario público; puede permitirse dirigir al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como un partido revolucionario, al igual que en su momento hiciera Francisco Largo Caballero (1869-1946), al frente del PSOE y de la Unión General de Trabajadores (UGT); está borrando sectariamente la historia de España desde el año 1936; y se desenvuelve fácilmente en el agua cualquier pecera sin necesitar escafandra, ya que para ello tiene un más que necesario oxígeno que le facilitan sus socios de Gobierno, Unidas Podemos e Izquierda Unida; así como el apoyo parlamentario de partidos nacionalistas, separatistas y otros menores.

            Su poder supera al que, en su primer sexenio (1814-1820), y en la “Década Ominosa” (1823-1833), tuvo el Rey Fernando VII (1784-1833), llamado “El Deseado”; tan alabado con las canciones “Vivan las caenas” y “La Pitita”, que parece que al final ha pasado a la historia como el “Rey Felón”. Pero no voy a extenderme en este punto, ya que lo que quiero expresar es la forma bajo la cual nuestro Presidente del Gobierno va a canalizar las ayudas europeas de ciento cuarenta mil millones de euros, de los cuales 72.000 millones de euros van a ser a fondo perdido, es decir, que no hay que devolver; lo cual es un regalo de dinero para nuestro país, y que Pedro Sánchez Pérez-Castejón lo va a canalizar bajo su batuta, creando comisiones, comités, foros, Grupos de Trabajo y demás fórmulas democráticas para recoger el “oro” que llegue de Europa y que va a traspasar los Pirineos para quedarse en las arcas españolas.

            Para estar preparados para cuando llegue el camión europeo con el dinero de los 72.000 millones de euros, nuestro Presidente ya presentó, el miércoles 7 de octubre de 2020, mediante videoconferencia en el Complejo de Moncloa, el llamado “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, que va a cubrir el periodo 2021-2023, y a cuya presentación asistieron cerca de doscientos invitados, entre ellos todos los miembros del Gobierno y los embajadores de los países de la Unión Europea. Este Plan está inspirado en la Agenda del Cambio, la llamada “Agenda 2030”, y los “Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas”, que se van a movilizar durante los próximos tres años. Dicho Plan se estructura en torno a cuatro transformaciones que el Gobierno ha situado desde el principio en la estrategia de política económica: Transición Ecológica; Transformación Digital; Igualdad de Género y Cohesión Social y Territorial. Dicho Plan servirá para materializar los recursos que envíe el “Fondo de Recuperación Europeo”. Ahora, concretamente el día 24 de noviembre de 2020, ha precisado cómo van a materializarse y quienes se van a beneficiar de los citados 72.000 millones de euros, para lo cual nuestro Presidente ha “revolucionado” la anquilosada Administración Pública Española, sobre cuya estructura y conformación, Pedro Sánchez Pérez-Castejón va a cambiar, modificar, derogar, nombrar, conceder, y cualquier otro verbo transitivo de acción que se le ocurra para que la apoteótica llegada de dinero europeo sea como se merece. Entre otras decisiones, nuestro Presidente del Gobierno ha indicado lo siguiente:

1)      Se está elaborado un borrador de Real Decreto-Ley de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del citado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

2)      El citado Real Decreto-Ley se aprobará el próximo mes de diciembre, y en él se derogan numerosos artículos de cinco Leyes; la de Régimen Jurídico del Sector Público; la de Subvenciones; la del Estatuto del Empleado Público; la de Evaluación Medioambiental y la de Presupuestos de 2018.

3)      Se va a aplicar el procedimiento de urgencia de la Ley de Contratos del Sector Público y los Ministerios elaborarán, en el plazo de un mes, una programación anual de los contratos, que podrán recibir anticipos de hasta el 50%. Los plazos para trámites quedarán reducidos, se suavizarán los controles y se asignarán funcionarios especializados que optarán a bonus.

4)      Se crearán cinco nuevos Órganos de gobernanza de los fondos que centralizará el propio Pedro Sánchez, que presidirá la Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la que sólo participarán algunos ministros, los económicos, diez del PSOE, Asuntos Económicos; Transformación Ecológica; Hacienda; Transportes; Educación; Industria; Agricultura; Ciencia y Sanidad; y uno de Unidas Podemos, concretamente el Ministerio de Trabajo. A regañadientes del Presidente y por continua presión del Vicepresidente Segundo Pablo Iglesias, también este último se va a incorporar a la citada Comisión.

5)      Se establecerán foros y consejos consultivos en los principales sectores implicados y se reactivará la “Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las Comunidades Autónomas”; así como la Dirección de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.

6)      Contratos. Se elevan los umbrales económicos para recurrir a los procedimientos abiertos simplificados ordinarios y abreviados.

7)      Plazos. Se agilizarán al máximo y se aplicará “El régimen excepcional de tramitación urgente”.

8)      Convenios. Se abordará la simplificación de la tramitación de convenios administrativos, eliminando las autorizaciones por el Consejo de Ministros y reduciendo plazos para la emisión de aquellos informes que resulten preceptivos.

9)      Subvenciones. Se eliminarán requisitos de informes y autorizaciones preceptivas, si bien para autorizar las concesiones de subvenciones superiores a 12 millones de euros, será necesario el acuerdo del Consejo de Ministros.

10)  Desembolso anticipado. Se podrá efectuar el desembolso anticipado de los fondos hasta un límite máximo del 50% de la cantidad total a percibir en los expedientes de gastos que se tramiten.

11)  Agencias Estatales. Se recuperan Agencias Estatales como Organismos Públicos que regresan a la Administración Pública como fórmula organizativa dotada de “Un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad”.

12)  Ventanilla única. Se creará un portal web único del Plan de Recuperación para centralizar y distribuir la información.

13)  Fiscalización. En el régimen de control previo, el despacho de los expedientes será prioritario, debiendo de pronunciarse el órgano de control en cinco días hábiles.

14)  Colaboración pública-privada. Se crea una nueva figura administrativa de colaboración entre ambas. Los proyectos estratégicos se incluirán en la llamada “Recuperación y Transformación Económica” (PERTE), dependiente del Ministerio de Industria.

15)  El Real Decreto-Ley recuperará las Agencias Estatales y en ellas prevé el aumento y reorganización de puestos de trabajo y la asignación de funcionarios para la gestión de los fondos.

Estimado lector, como podrá usted observar, el poderío de don Pedro Sánchez Pérez-Castejón cada vez es mayor. Como también es mayor el número de comisiones, comités, grupos de trabajo y asesores que va creando nuestro Presidente. Recuerde que tenemos, entre otros, los siguientes: “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”; Derogación de varios artículos del “Régimen Jurídico del Sector Público, de Subvenciones, de Estatuto del Empleado Público, de Evaluación Medioambiental y de Presupuestos de 2018”; procedimiento de urgencia de la “Ley de Contratos del Sector Público”; creación de una “Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia”; la “Conferencia Sectorial de Fondos Europeos con las Comunidades Autónomas”; creación de la “Dirección de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda”; la “Oficina de Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), dependiente del Ministerio de Industria; y otros múltiples comités a incorporar en la Administración Pública española. Aunque no es conocido el número de asesores que tiene nuestro Presidente del Gobierno, parece ser que se sitúa en más de cuatrocientas personas que dependen directamente de él y a los que hay que añadir los asesores de los veintitrés Ministros, lo cual se sitúa en más de mil personas “asesorando” al Ejecutivo español. Naturalmente suelen estar muy bien retribuidos porque su capacidad intelectual está por encima del nivel medio de cualquier español.

Estimado lector, por fin ha llegado la “revolución” a la Administración Pública española, y va a modernizarse situándose a la altura de las mejores del mundo. Estoy seguro de ello. Pero, me hago algunas preguntas: ¿No habrá demasiadas comisiones, comités o asesores para hacer el trabajo? ¿Es necesaria tanta gente en continuas reuniones? Supongo que sí. Pero no me resisto a decir algo que aprendí hace tiempo y que lo he manifestado en algún que otro de mis artículos, cual es la pregunta de: ¿Qué es un camello? Las cual tiene la siguiente respuesta: “Es el dibujo realizado por una comisión o comité o grupo de asesores cuyo objetivo era diseñar un caballo”. Amable lector, perdone mi jocosidad.

Un afectuoso saludo.

           

Vicente Llopis Pastor

30 de noviembre de 2020