Leo en el Periódico “Información” de Alicante del sábado 22 de agosto de 2020, en el epígrafe de Política, un artículo bajo el título “El fiasco del Ingreso Mínimo Vital tensiona al Botànic”, en el que se citan los entresijos y consecuencias de este Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la materialización de estas ayudas en forma de subvenciones a las personas que no tienen rentas, o cuyos ingresos son muy bajos, como consecuencia de su incapacidad para conseguir un empleo. Por ello, el Gobierno les concede una determinada cantidad, para que puedan subsistir, hasta que se mantengan por su cuenta. Las condiciones para lograr el IMV están muy especificadas y para obtenerlas se necesitan variados requisitos.
Por ejemplo, hay una regulación
básica; beneficiarios individuales; beneficiarios familiares; demostración de
que se está en situación de búsqueda de trabajo; cuantías y sus modificaciones;
duración; estar censados en un municipio; etcétera; lo cual me parece muy
correcto. Lo de estar censado en un municipio parece que es muy laxo y que se
puede demostrar fácilmente. Una jocosa situación sería la de que si alguien
está viajando en “autostop” por una provincia también podría acreditar sus
condiciones para ser beneficiario del IMV. Es una política atractiva para
conseguir votos, propuesta por los partidos gobernantes, y cuyo IMV está
aprobado por Ley en el Parlamento español y, por tanto, es de obligado
cumplimiento en toda España. Cuando la política del Gobierno es “dar dinero” a
cambio de nada es útil para el proponente, fácil de publicar en el Boletín
Oficial del Estado (BOE), pero difícil de conseguir, por la larga y laboriosa
documentación que hay que presentar, donde la respuesta gubernamental puede ser
favorable o no y que, para concederla, pueden pasar muchos meses, mientras el
posible perceptor va viendo cómo pasan fechas y fechas sin saber nada de la
tramitación de la petición que ha realizado y no consigue saber qué diligencias
burocráticas está tomando el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ni la
cuantía que va a percibir.
La propuesta del IMV la incluyó
Unidas Podemos (UP) en su programa electoral y a este partido hemos de
agradecérselo. Aunque la presentación en el Parlamento ha sido por el actual
Gobierno formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), UP y otros
grupos minoritarios, dentro de los cuales hay algunos separatistas e
independentistas que, formalmente, se han adherido a la iniciativa y que ha
sido aprobada por el Congreso de Diputados. Según se cita en dicha información
periodística, hasta ahora se han presentado peticiones de 750.000 hogares de
toda España y se han atendido 16.500; es decir, aproximadamente un 2% de todas
ellas. Creo que no es una cifra muy alta, a pesar de la benignidad con que ha
sido presentado como beneficencia para todos los españoles, con la intención de
reducir, en lo posible, las diferencias salariales y de renta existentes. En la
Comunidad Valenciana se han presentado 16.500 peticiones y se han aprobado 150
beneficiarios, es decir, el 0,9%.
Conjuntamente con ello, el
Consell de la Generalitat Valenciana aprobó, en el año 2017, su “Renta
Valenciana de Inclusión” (RVI), que están percibiendo 54.000 personas. Hay que
hacer notar que el Gobierno de la Generalitat Valenciana está compuesto por
miembros del PSOE y Compromís, mientras que el IMV es una aportación del
Gobierno Central español, conformado mayoritariamente por PSOE, UP y otros
grupos menores.
¿Y qué está ocurriendo?
Sencillamente que la Generalitat Valenciana ha de pagar su RVI de ámbito
autonómico y servir como canalización del IMV, que apruebe y le traslade fondos
desde el Gobierno Central.
Además, las cuantías de estas
ayudas son muy dispares, según sea un individuo, una familia monoparental, una
familia con hijos y otros detalles adicionales, que se sitúan en 462 euros
mensuales para familia monoparental y hasta 1.056 euros mensuales según el
número de hijos que tenga. Es decir, que algunas personas, en su mayoría, van a
percibir una ayuda aceptable, en algunos casos superior al Salario Mínimo Interprofesional
(SMI), con lo que pueden vivir sin trabajar. En todas las Comunidades Autónomas
existen ingresos a familias desfavorecidas con cargo a las arcas de cada
Comunidad.
Todo me parece aceptable y
políticamente correcto. Mientras tanto, los representantes de los partidos
políticos no están muy de acuerdo, y hacen manifestaciones que no entiendo. Por
ejemplo, Enric Morera, Presidente de Les Corts Valencianes, dice que el Gobierno
español está usurpando competencias a la Consellería de Inclusión y a la
Generalitat; El Vicepresidente Rubén Martínez Dalmau, se centró en las ayudas
que concede Vivienda a afectados por la Covid-19; mientras que la Síndica de
Las Cortes, Naiara Davó y la Coordinadora Autonómica, Pilar Lima, hablaron de
escraches y de eliminar prostíbulos. Ni una sola palabra sobre el Ingreso
Mínimo Vital. Por su parte, al que le tocó capear el temporal ante los ataques
del PP fue el Síndic del PSPV en las Cortes, Manolo Mata, que aseguró que la
gran diferencia entre los Gobiernos del PP y del Botánic es que con el PP los
más vulnerables estaban condenados a la caridad, mientras que ahora los más
vulnerables tienen derechos.
En fin, un baturrillo de
expresiones que muestran las grandes diferencias que se tienen sobre la
materialización de diversas ayudas públicas a los ciudadanos. La base de todo
ello es la falta de coordinación entre las Comunidades que ya tienen algún tipo
de subsidio y que, en la Comunidad Valenciana, son 54.000 las personas que
reciben la RVI que gestiona la Vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Es
decir, manifestaciones de todo tipo en las que se combinan opiniones de
partidos que componen el Gobierno español, los del Gobierno valenciano, el
Congreso de los Diputados, Les Corts Valencianes, Síndicos, escraches,
eliminación de prostíbulos, caridad, derecho a percepciones, ayudas nacionales
y comunitarias, etcétera, etcétera, que no son otra cosa que un avispero de
expresiones que no definen la existencia de una política coherente en España.
A todo esto, todavía no se ha
firmado el acuerdo o protocolo entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad
Social con el Consell de la Generalitat Valenciana, pero que no debe tardar
mucho en firmarse para dar la suficiente “seguridad jurídica” a estas ayudas a
las que acuden, cada vez más, miles de ciudadanos. Todo está muy bien y espero
que obtengan un gran éxito.
Mientras tanto me remito a la
cifra que el Gobierno Central calcula que le va a costar este IMV, consistente
en tres mil millones de euros, pero que por el aluvión de solicitudes que se
han presentado en muy pocos días va a ser mucho más. A esta cifra hay que
añadir las ayudas de las Comunidades Autónomas, cuyo cálculo no puedo realizar
porque no conozco las condiciones que fijan estos Gobiernos regionales.
Mientras tanto el tiempo pasa, la
Covid-19 renace, y las ayudas a personas que no aportan nada a nuestro país,
cada vez son más numerosas. Ya lo veremos en los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para 2021, si es que se llegan a aprobar.
¡Que Dios reparta suerte!
Vicente
Llopis Pastor.
27
de agosto de 2020
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