En el Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencias Económicas que yo
cursé hace más de cincuenta años en la Universidad Complutense de Madrid, había
una significativa asignatura llamada Derecho Político, que se cursaba en los
primero años de dicha Licenciatura. Era una interesante materia que, junto con “Fundamentos
de Filosofía”; “Sociología y Sistemática de las Ciencias Sociales”; “Historia
Económica”; “Historia del Pensamiento Económico”; “Fundamentos de Derecho” y
algunas otras, formaban un cuerpo de conocimientos que resultaban muy útiles
para estudiar la Economía, considerándola como una Ciencia Social y complementada
con estudios cuantitativos y lógicos de materias como “Análisis Matemático”; “Matemáticas
para Economistas”; “Estadística”; “Econometría” y algunas otras. Era un
excelente Plan de Estudios, muy ecléctico y con un amplio abanico de conocimientos.
De especial agrado me resultó la asignatura de “Derecho Político” que
contenía las distintas formas de organización de un colectivo, al que podíamos
llamar “Estado”, que regía el comportamiento cívico y ciudadano de las personas
que querían participar en el papel de protagonistas en las decisiones del tal
llamado Estado. Las corrientes para estudiar este concepto solían venir de
planteamientos filosóficos y sociológicos, los cuales, a mi entender, son tres:
la corriente de pensamiento germánico, que solía llamarse “Teoría del Estado”,
y que se asentaba en un concienzudo análisis de una institución que había que
preservar, defender y participar, que era el Estado, con raíces muy
estructuradas y enfoque del Gestalt propios del pensamiento alemán; otra era la
línea anglosajona, llamada “Derecho Político”, que no daba demasiada atención a
los fundamentos teóricos y apenas contaba con material escrito, era el “Pragmatismo”
anglosajón, que tiene sus pilares en la tradición y estaba poco constreñido a
voluminosos textos escritos; la tercera solía ser la propia de países como
Francia o España, que denominaba a esta materia como “Derecho Constitucional” y
que ha servido de base a lo que se llama la “Constitución” como Ley de Leyes o,
si se quiere, el marco del que no se puede salir, ya que fuera de él no se
aceptaba el juego político.
Estas teorías presentaban, a su manera, el concepto primigenio de
Estado y se establecían planteamientos democráticos, autocráticos, republicanos,
monárquicos, dictatoriales. Se aceptaba el contenido de “El espíritu de las
Leyes” (1748) de Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de
Montesquieu (1689-1755), con la división de poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial. En base a aquellas concepciones que el Catedrático de la Universidad
de Madrid, don Antonio Carro Martínez (1923-2020) nos imbuía a los entonces
casi barbilampiños jóvenes y aplicándolas a la definición del Estado Español
actual, yo diría, desde el punto de vista teórico, que actualmente España es un
Estado conformado en una Monarquía Parlamentaria, de planteamientos
democráticos, separación de poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y con
una Constitución que fue aprobada y refrendada por el pueblo español en el año
1978 y en la que aparecen instituciones, para mí algo sorprendentes, llamadas “Comunidades
Autónomas”, que creo que no favorecen la agilidad que ha de tener un Estado
moderno en el siglo XXI en el que los organismos internacionales, la
globalización económica y la instantaneidad de las comunicaciones no parecen
justificarlas. Para mí son unas referencias históricas de lo que, hace
bastantes siglos, supuso la Reconquista de Hispania, en poder del Islam, y que
distintos reinos cristianos difícilmente se ponían de acuerdo en la lucha
contra el invasor islámico. Estos invasores ocuparon toda Hispania en un breve
periodo de tiempo; en cambio se necesitaron casi ochocientos años para poder
expulsarlos, todo por la falta de unidad de aquellos minúsculos reinos
cristianos. Tal vez pudiera hacerse hoy una comparación de lo que entonces
fueron aquellos reinos cristianos con lo que ahora son las Comunidades
Autónomas dentro de nuestra Constitución de 1978.
Pero de lo que yo prefiero hablar es de un concepto de la práctica
política que es la “Burocracia”. Esta Burocracia no es la que de forma
peyorativa se usa en el lenguaje ordinaria y de la que, a veces, las personas,
no muy cultivadas, la desprecian y no le dan valor, atacándola de tal manera
que es así como un lastre, peso, rémora o carga que no sirve para nada y que se
limita a “estar” y no a “hacer”. Craso error, ya que la Burocracia bien entendida
es el gozne sobre el que gira la funcionalidad del Estado y la estructura permanente
para llevar a cargo las funciones asumidas por el Estado, liberal o no,
democrático o dictatorial, republicano o monárquico o cualquier otra forma de
gobierno.
Refiriéndome al citado Catedrático, don Antonio Carro Martínez, éste
daba mucha importancia a la existencia de una bien preparada Burocracia, a la
que definía como “La Burocracia es
precisa para aplicar los criterios de racionalización a fin de lograr una
actuación eficaz, para lo cual se hace precisa la existencia de un cuerpo de
técnicos y empleados que respondan a los principios de especialización y división
del trabajo”. Es el principal sostén del régimen político. Así lo entienden
las naciones avanzadas, las cuales mantienen escuelas de altos estudios para
preparar a las personas que van a mantener una eficiente burocracia, así es en
Francia, al igual que en Reino Unido, Alemania y otros pueblos cultos y
estables.
España también intenta mantener una Burocracia eficiente, pero la vía
para alcanzarla es otra; son las Oposiciones al Cuerpo Diplomático; Abogados del
Estado; Letrados de las Cortes; Técnicos Comerciales del Estado; Jefes Superiores
y de Primera Clase de la Administración Pública; Secretarios e Interventores de
Ayuntamientos de Primera Clase; Inspectores de Finanzas del Estado;
Subinspectores de Hacienda; Inspectores de Trabajo, etcétera, etcétera. Pero ahora
está algo desvirtuada porque la aparición de las Comunidades Autónomas y las decisiones
de éstas, en ocasiones, se contradicen con la Administración Central del
Estado, lo cual está dando más trabajo y una enorme confusión a los ciudadanos
o a los profesionales que hacen gestiones con Organismos Públicos, como
abogados, gestores administrativos, economistas y otros.
Una evidencia de ello es la situación a la que hemos llegado como
consecuencia de la pandemia de la Covid-19, de la que tanto el Gobierno Central
como las Comunidades Autónomas han legislado rápidamente y sin coordinación. Los
plazos de muchos trámites se han diferido en algunos casos; en otros no, la
desescalada ha sido irregularmente interpretada en cada Comunidad y se han
encontrado situaciones contradictorias en las que ha habido que plantear
recursos de reposición, de alzada o acudir al Tribunal Económico Administrativo
para resolver de forma tardía algunas cuestiones. Amén de ello los
profesionales que gestionan y representan a los ciudadanos han tenido que
presentar la documentación por obligados canales telemáticos y sin omitir ni un
sólo número, pues en dicho caso, se invalida la presentación. Mi opinión es la
de que los funcionarios no asesoran sino que obligan autoritariamente al
profesional o ciudadano.
Puedo citar un caso personal mío, concretamente la herencia de mi
hermana fallecida sin hijos, y de la que he sido su heredero universal, que ha
gestionado un abogado contratado por mí y que he tenido que acudir a diecisiete
ventanillas distintas, a lo largo de un año, para materializar dicha herencia,
a pesar de estar asistido por un letrado. También quisiera destacar que en el Régimen
anterior a nuestra Constitución de 1978, cuyo Jefe de Estado era un General, había
setecientos mil funcionarios y, en la actualidad, son tres millones quinientos
mil, muchos de ellos nombrados a dedo o con la consideración de “asesores”. Pavorosa
cifra que supone casi un 25% de los empleos fijos que hay en nuestro país. A pesar
de ello, las gestiones ante los estamentos públicos no tienen la velocidad de un
antílope o una gacela, sino la de una tortuga o un caracol. En fin, es otra
cara de lo que la pandemia nos ha traído; amén de la crisis sanitaria y la
económica, surge esta crisis administrativa, o de gestión, que conforman un
pequeño desbarajuste en el funcionamiento de la Administración Pública Española
que, por cierto, tiene una cantidad enorme de ventanillas a las que hay que
acudir para sacar adelante algo bueno para nuestro país. España ha creado un
nuevo “Leviatán”, especie de monstruo, muy voluminoso, que engulle enorme cantidad
de horas, tiempo y trabajo a los ciudadanos. Es decir, lo contrario a lo que
explicaba hace medio siglo el Catedrático don Antonio Carro Martínez.
De todas formas saldremos de este atolladero con ingenio y trabajo. Así
haremos verídica la gran capacidad de mantenimiento de la Administración
Pública Española, que es admirada por algunos países, no sólo ahora, sino a lo
largo de nuestra historia. Sobre todo por nuestra espontánea creatividad.
¡Ánimo, queridos españoles! El futuro es nuestro.
Vicente Llopis Pastor
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