España es un Estado Democrático de Derecho
y de Bienestar, con una economía de mercado, cuya forma política es una Monarquía
parlamentaria. El sistema de gobierno se basa en la soberanía nacional, la
división de poderes y un sistema parlamentario, que mantiene la división de
poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, según escribió en su momento el jurista,
intelectual, historiador, filósofo y político francés Charles de
Montesquieu (1689-1755) en su obra “l'esprit des lois” publicada en el año 1748.
La soberanía nacional corresponde
al pueblo español, es decir, todos los ciudadanos son titulares del poder
publico y de él derivan los citados poderes legislativo, ejecutivo y judicial.
Los ciudadanos participan en los asuntos públicos a través de los
representantes que se eligen en elecciones libres, universales, secretas y
plurales. Los ciudadanos también participan en los asuntos públicos de forma
directa en los casos previstos por las normas, por ejemplo: iniciativa
legislativa popular; ocupando cargos públicos; ejerciendo el derecho de
petición; votando en referéndums y participando en consultas, entre otras.
La Constitución Española de 1978
establece la organización institucional de España y está encabezada en nuestro
sistema legal. Las demás normas legales las desarrollan. Es un gran logro de
consenso y convivencia. Fue aprobada mediante referéndum por una amplia mayoría
de votantes. Los principales trazos del sistema institucional son quienes
permiten dividir y tomar decisiones muy variadas. Solo citaré algunos, por
ejemplo:
España es una democracia, un estado
de derecho y un estado de bienestar, teniendo una economía social de mercado;
los valores de nuestro modelos de convivencia son la libertad, justicia,
igualdad, solidaridad, pluralismo político, dignidad de la personas, el respeto
a los derechos fundamentales y a las libertades públicas; derechos a la
igualdad, no discriminación, libertad de ideología, religiosa, orientación
sexual, expresión, enseñanza, reunión, manifestación, asociación, partidos
políticos, sindicatos, asociaciones empresariales y huelga; todo lo cual mejora
la convivencia entre nuestros ciudadanos. Uno de los derechos que se formula en
la constitución de 1978 es el derecho a la privacidad en España, que cobra
especial importancia saber qué es exactamente el derecho a la privacidad donde
se regula, qué beneficios nos reporta y cuál es su papel dentro de las nuevas
tecnologías.
El derecho a la privacidad es el
derecho que tiene cada persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias en su
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su
honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra
tales injerencias o ataques. Por lo tanto, el derecho a la privacidad protege
aquella parte de la vida que una persona desarrolla en un ámbito estrictamente
íntimo, que es, por ello, inaccesible al resto de personas físicas o jurídicas.
Cualquier individuo tiene derecho a mantener su privacidad fuera del control de
otras personas, asegurándose la no divulgación de aquellos aspectos privados e
íntimos en su vida.
El derecho a la privacidad en España
está regulado a través de diferentes normas; todas ellas emanan de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU), en el año 1948, que en su artículo 12 establece que “Nadie
será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataque a su honra o a su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o
ataques”. En España existe la Ley de Protección de Datos y que defiende la
no divulgación de datos y cuyo incumplimiento está sujeto a elevadísimas
sanciones.
Desde el 2 de diciembre de 2024 el
Ministerio del Interior ha activado el nuevo registro de viajeros y de alquileres
de coches, que estará alojado en una aplicación denominada “app
ses.hospedajes” custodiado por la Secretaria de Estado de Seguridad. Así se
puso en marcha la Ley aprobada por el Real Decreto 933-2021 el cual el sector
turístico deberá demandar nuevos datos personales a sus clientes y volcarlos
hacia el Ministerio del Interior. En concreto, esta medida afecta a los
hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, campings, agencias de viajes,
plataformas digitales intermediarias y casas de alquiler de vehículos.
Esta ley desde el principio ha
levantado bastante polémica y ha sufrido diversas ediciones. Para conocer mejor
lo que implica, los expertos en proyección de datos citan a las empresas
dedicadas a la seguridad. Estos expertos en seguridad están manifestando que
esta información que se solicita a los viajeros va a tener un impacto que puede
generar una brecha de seguridad que podría ser muy importante; también dicen
que ahora serán necesarios destinar más recursos a cuestiones de ciberseguridad
y que va contra los principios de proporcionalidad y de minimización.
Después de exponer esta nueva norma
del 2 de diciembre, vuelvo al título de este artículo que llamo “España como
estado democrático” y tengo mis dudas de las libertades que fija la
Constitución Españolea de 1978. A mi me parece que España está sostenida por un
gobierno que mantiene un estricto control sobre la sociedad, particularmente a
través del Ministerio de Interior, superando las libertades civiles y a menudo
mediante una fuerza de policía y un gran despliegue e inversión en mecanismos
de vigilancia. Esto implica que el control por el Gobierno contradice la
voluntad de los individuos que están siendo controlados. Me recuerda la
asignatura de Teoría del Estado que se incluía en el Plan de Estudios de
la Licenciatura en Ciencias Políticas y Económicas. Que yo cursé en la
Universidad Complutense de Madrid, en la que aparecían conceptos tales como
gobierno autocrático; estado policial; absolutismo; derechos de la
Administración Pública y otros.
¡¡¡Viva la libertad!!! ¡¡¡Viva el
Ministerio del Interior!!!
Vicente
Llopis Pastor
30 de enero de 2025
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