El Gasto
Público es todo lo que desembolsa el Estado para cumplir los fines que tiene
asignados. No sólo es el gasto que paga el trabajo de los funcionarios, sino
que es algo más, ya que incluye el gasto que debe satisfacer a los contratistas
que han conseguido en una subasta pública una adjudicación. Es decir, que el
Gasto Público es algo más que lo que se paga a los funcionarios, ya que
contratos o convenios como instalación de ferrocarriles, construcción de
aeropuertos y otros parecidos lo llevan a cabo empresas que han aprobado
concursos que ha fijado para ello el Estado.
Últimamente
este Gasto Público es un desmesurado porcentaje y, en España, según los datos
que he podido leer en la prensa de los últimos cinco años supone: año 2020, el
51,9%; año 2021, el 50,03%; año 2022, el 47,37%; año 2023, el 46,43% y año
2024, se espera alcanzar el 46,16%, estando estos porcentajes referidos al PIB.
Es decir, el Gasto Público es una variable fundamental que genera un proceso de
expansión de las tareas de las empresas con las que obtiene sus resultados. Es
el punto más significativo de la forma que tiene el Estado para cumplir con sus
fines. No hay que confundirlo con la retribución de los funcionarios. Este
Gasto Público se ha de presentar en el Congreso de los Diputados para que lo
aprueben. Si resulta aprobado, tanto por el Congreso como por el Senado, se
debate su contenido y queda definitivamente aprobado para el año. En las
circunstancias actuales, el Gasto Público para 2024 no ha sido presentado y se
está operando con una prórroga del año 2023.
El Estado
español está todavía inmerso en la era de la integración vertical. Las
Administraciones Central, Autonómica y Local adolecen de una gestión eficiente,
entre otras cosas por las oportunidades abiertas por el cambio tecnológico. Del
mismo modo que el sector privado también puede revolucionarse el sector
público. Las diferentes Administraciones Públicas españolas incurren en la
vieja y obsoleta creencia dentro de su estructura de que todo lo que sea
posible, lo que implica tener el monopolio legislativo, debe ser calificado
como de interés público, concepto sometido a la discrecionalidad política. Ésta
es la fórmula que triunfó en el bloque soviético, pero en su versión débil
impera en las sociedades occidentales, incluida la patria. Esta manera de
contemplar la gestión impone enormes e innecesarios costes económicos a la
sociedad y ha institucionalizado grupos de interés, cuyo principal objetivo es
oponerse a cualquier reforma que pueda distraer el campo de actuación de lo
político y burocrático para incrementarlo.
El
proyecto para el año 2026 debe ser aprobado antes del 30 de septiembre de 2025
y el Gobierno español baraja una cifra de Gasto Público de 200.000 millones de
euros, que es el llamado “techo de gasto” que habrá de aprobar en su día el
Congreso de los Diputados y el Senado. Estas cifras, en su cuantía y en su
forma de materializarlas, son exageradamente altas, y siempre por encima del
50% del PIB, lo cual, en las economías liberales de los países occidentales es
incongruente y lo que consigue es atar de pies y manos a las empresas privadas
colaboradoras. Las cifras que he citado anteriormente demuestran que España es
un país muy limitado en la libertad económica.
Una
consecuencia de esta forma de entender el Gasto Público es el número de
funcionarios que tiene el Estado español. Aproximadamente el nivel de ocupación
en España es de alrededor de 20 millones de personas, de las cuales 3 millones
son funcionarios que trabajan para el Estado y 17 millones trabajan por cuenta
propia o en empresas privadas. Los funcionarios no han parado de crecer en
nuestro país en los últimos años y seguirán haciéndolo. Y es que la mayoría de
españoles intenta escapar de la precariedad laboral y el desempleo, apostando
por trabajar en el sector público para obtener un puesto fijo, un salario para
toda la vida y mantener una estabilidad laboral que es difícil de encontrar en
empresas privadas. Acaba de anunciarse una convocatoria por el Gobierno de
40.000 nuevas plazas de funcionarios. Este volumen de funcionarios es exagerado
comparado con otros países europeos y es uno de los problemas que ha
identificado el periódico británico “Financial Times” en un número monográfico
dedicado a España.
A pesar de
que la burocracia es necesaria para el buen gobierno de un Estado, yo opino que
es un gasto consecuente con el elefantiásico volumen con el que se gobierna el
“Estado de las Autonomías”, que deriva de la Constitución Española del año
1978. Haciendo una analogía con un ser vivo, España es un elefante y la
velocidad de este último difícilmente alcanza los 40 km por hora. Si este
elefante que nos gobierna tuviera la velocidad de algunos animales, como el
guepardo, que alcanza 115 km por hora o el tigre siberiano, con 90 km por hora,
seríamos los reyes del mundo.
Y así nos
va por ir montados en un elefante.
Vicente Llopis Pastor
31 de octubre de 2024
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