Las empresas son la base
fundamental de la economía, e incluso de la política de un país. La “libertad
de empresa” del propietario de una empresa es una pura ficción. En nuestro
país, más que dar facilidades el Gobierno es como la carcoma de la madera, que
no se ve pero que la debilita y, como en ocasiones, es una cuestión interna de
la madera y al operario o empresario no le resulta fácil de reconocer.
El “paradigma de
conocimiento” actual de la Economía Política española sigue los dictados del
Poder Ejecutivo español. En sus decisiones se inclina más a favor de los
trabajadores que del propietario de la empresa y a este último lo consideran
como un explotador de personas y menoscaba las aportaciones empresariales de
nuestra economía.
Los representantes de los
gestores de la empresa española están agrupados en la CEOE (Confederación
Española de Organizaciones Empresariales) en las Pymes (Pequeña y Mediana
Empresa). Como el Gobierno no tiene voluntad ni favorece las ideas que tengan
los empresarios y otras cuestiones, éstas le resultan incómodas y todo lo que
suponga ayudar o subvencionar a las empresas es heterodoxo para el actual
Consejo de Ministros Español, sobre las cuales se manifiesta con ironía
respecto a lo que puedan hacer los empresarios. La Administración Pública suele
revisar las cuentas de resultados de cada empresa, e inclusive, recalcularlas
para demostrar, algo que es impropio, que ésta tiene más beneficios de los que
presenta en el registro mercantil y en la tributación del Impuesto de
Sociedades, que si ahora es del 15% de los beneficios, por ejemplo, está
haciendo movimientos de todo tipo para que su cuenta de resultados sea mayor.
Desde hace varios años, imbuido por el Gobierno, nos encontramos con
actividades tales como:
- Reducción del horario laboral, algo que está en el
candelero y que camina hacia una jornada semanal de 37,5 horas.
- Salario mínimo interprofesional, que en los cuatro
últimos años ha subido al doble.
- Incremento de inspectores de trabajo, cuyo cometido es
inspeccionar, rectificar e incluso sanciona, algunas decisiones de la empresa.
- Sobrerregulación, consistente en normas de convenios de
empresas que están apoyadas e insinuadas por el Gobierno y que las fija de una
manera contundente con los sindicatos, mayoritariamente con Comisiones Obreras (CC.OO.)
y Unión General de Trabajadores (UGT). Sin que participen la CEOE y las Pymes.
- Cálculo por la Administración Pública de las cuentas de
resultados de cada empresa, sin escuchar las razones que pueda aportar el
empresario.
- Etcétera, etcétera, etcétera.
Se ha llegado a la curiosa sensación de que la cuenta de resultados de una
empresa no es aceptada por la
Administración Pública y esta última la rehace para engrosarla y con ello pagar
más impuestos al Estado. Impropios criterios del Estado que tienen la
consideración de ser ciertos y veraces y las empresas los tienen que aceptar,
lo cual es una forma de coartar la democracia de la actualidad política de la
gestiones empresarial y que viene de lejos, ya que en España existe este
pequeño poema que dice:
“En cuestiones de criterio,
No ha lugar a discusión,
Porque siempre la razón,
La tiene el Ministerio”.
A este paso vamos camino de
una situación que me parece algo extraña, ya que es la Administración Pública
la que decide sobre el “hecho imponible”, transforma y gestiona la empresa,
resulta determinante en sus resultados y resuelve, en general, la asunción de
la gestión de las empres, sin ninguna participación del propio empresario. El
Gobierno fija cada vez más responsabilidades y acciones a realizar por las
empresas y los empresarios se tienen que plegar a estas normas gubernamentales.
Un ejemplo de ello podría ser que el Consejo de Administración lo conformen los
que tienen acciones de la empresa pero también el veto lo ponga el Estado, ya
que si la empresa va mal y tiene pérdidas, éstas son consecuencia de sus deudas
a acreedores, estando entre estos últimos el Estado, quien no hace caso a las
justificaciones que puedan aportar los empresarios.
Podría citar muchos temas
empresariales que son zanjados unilateralmente por la Administración Pública.
Todo ello muy genuino del actual Gobierno socialista y otros partidos de izquierda
en el poder. Y es que estamos en manos del actual Presidente del Gobierno y no
veo que haya una iniciativa o una respuesta coherente ya que éste siempre está
en favor de los trabajadores a través de su llamado “escudo social”.
Este camino puede ser
nefasto para España y contradice la libertad de empresa que está definida por
la Unión Europea (UE) a la que pertenecemos.
Estimado lector, recapacite
en cuanto a estas normas que existen en España sobre las empresas, las cuales
son el fundamento de la economía de un país.
Vicente Llopis Pastor
20 de julio de 2024
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