Los beneficios que obtiene una empresa van a parar a distintas vías. Normalmente, lo ortodoxo es que una parte vaya a los dividendos que perciben sus propietarios; otra para un fondo de reserva legal según el sector productivo en el que participa; y un tercero para un fondo social que favorezca las atenciones de la empresa con sus empleados y poder sufragar alguna necesidad por mejorar la estructura de la empresa y atender los gastos sociales de los trabajadores.
Dicho de otra manera, los beneficios de las empresas suelen distribuirse en: a) Los propietarios, vía dividendos, o directamente al propietario, si es una empresa personal; b) Fondo de reserva para contingencias que pueden presentarse y que son necesarias para fomentar la solidez de dicha empresa; c) Fondos de ayuda para los empleados y facilitar algunas cuestiones familiares o personales de sus trabajadores.
Por lo que estoy leyendo en los últimos meses creo que esta ortodoxia en los beneficios empresariales está modificándose por decisiones que está tomando el Gobierno español actual en variados aspectos, fundamentalmente en la tributación. Entre ellos puedo leer que se va a reformar el Impuesto de Sociedades (IS), que actualmente se sitúa en un mínimo del 15% y que el Gobierno va a elevar hasta el 30%. A ello añado cuestiones como los impuestos extraordinarios sobre beneficios de grandes empresas eléctricas, petroleras, energéticas, supermercados y una buena parte de todo el sector productivo español. Añado las manifestaciones de la Vicepresidenta Segunda del Gobierno de que va a presentar un plan para sentar a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas. Actualmente existe un plan que tiene fijadas catorce subidas de impuestos que el Gobierno prevé activar el 1 de enero y que cubren a todo tipo de empresas, tanto por la vía del Impuesto de la Renta a las Personas Físicas (IRPF), Impuesto de Sociedades (IS), Impuesto del Valor Añadido (IVA), Impuestos Especiales para determinados productos; la aportación a la Seguridad Social (SS) y otros impuestos y gravámenes que afectan a múltiples productos. Ante este panorama y las posibilidades de aumentar los ingresos que por la vía de impuestos recibe el Estado, la Administración Pública ha ofertado diversas convocatorias para incrementar enormemente a los funcionarios que se dedican a la inspección y gestión de la fiscalidad de los contribuyentes. Es decir, que está preparando su ejército para ganar una “batalla” entre los empresarios y el Estado.
El objetivo último de esta situación es que el Estado recaude más de las empresas y contribuyentes de lo que recauda ahora. Para ello se ha aprobado la facilidad de que un inspector de hacienda pueda entrar a la hora que crea y sin avisar en las instalaciones de una empresa y exigir documentación y explicaciones de lo que el empresario está gestionando. Ya existen impuestos extraordinarios para los sectores bancarios, supermercados, energéticos y otros, tal como he citado anteriormente. Si se ponen en práctica estas previsiones del actual Gobierno español puede darse el caso de que los propietarios o accionistas, los fondos de reserva y los gastos de renovación de instalaciones no se puedan pagar. Conclusión: Todos los beneficios de las empresas se distribuirán a un solo canal, que es el Estado y, por tanto, ni propietarios ni trabajadores ni quienes participan en la labor de estas empresas van a recibir ni una parte de los beneficios. Todo se lo quedará el Estado. Éste es un caso extremo, pero tal como van las cosas, la política social española se enfoca en subvenciones y ayudas a las personas hasta tal extremo que algunos ciudadanos pueden vivir de dichas pensiones y subvenciones sin trabajar. Las subvenciones y ayudas a las empresas son muy escasas y generalmente muy condicionadas según el criterio del Gobierno.
Mi conclusión es que los beneficios de las empresas van a ir a parar en su mayor parte a manos del Estado y no a facilitar ayudas y subvenciones directamente a las empresas. Un flaco favor para nuestro país, ya que si resultara que no hay ayudas a las empresas, éstas podrían situarse en pérdidas y las consecuencias serían las de que la renta de los ciudadanos disminuirá, las empresas se quedarán en obsolescencia y no podrán renovar sus maquinarias y tecnologías, los inversores extranjeros dejarán de invertir en España y otras cuestiones que debilitarán la economía española y nos situarán prácticamente entre los países subdesarrollados.
Curioso efecto que creo que no ha tenido en cuenta el partido político gobernante, que sólo se fija en la cuantía de los beneficios y que, en algunos casos, quiere que se destinen al Estado en su totalidad, lo cual es una fórmula sibilina de que la propiedad privada no sea admisible y todo pase a propiedad del Estado; un principio bastante marxista.
Vicente Llopis Pastor
19 de noviembre de 2023
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