LEY DE PARKINSON

Acabo de leer en la prensa diaria la información de que el Gobierno español, en su Consejo de Ministros del martes 11 de julio de 2023, ha aprobado una oferta de cuarenta mil plazas de empleo público, días antes de las Elecciones Generales que están previstas para el domingo día 23 de julio. Las convocatorias deben estar publicadas antes del 31 de diciembre de 2023. Esta convocatoria, a doce días de las Elecciones Generales, una Oferta ordinaria de Empleo Público (OEP) está compuesta por 40.000 plazas, un 15,8% más respecto a las 34.000 de 2022, de las que 27.000 responden al turno libre. Estas cifras que estoy manejando son un redondeo y no hay que considerarlas en su total precisión.

Esta cifra récord se establece por la necesidad objetiva de fortalecer unas plantillas que se debilitaron por años de recortes y por tasas de reposición cero, ha apuntado la Ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la citada reunión del Consejo de Ministros. Las razones de este incremento del número de plazas de empleo público que está decidiendo el Gobierno Central desde que tomó el poder es su forma de entender la política y cuyo número de funcionarios se debe a las tareas derivadas de subvenciones sociales, ayudas a las familias, ayudas a los jóvenes que comienzan a trabajar, subvenciones a familias, incorporación del Ingreso Mínimo Vital y toda una serie de medidas que en su mayoría han sido aprobadas por Real Decreto y no han seguido los trámites habituales de aprobación o reconocimiento por el Parlamento.

A grandes rasgos, desde que está gobernando el PSOE en coalición con otros partidos, ha subido abrumadoramente el número de funcionarios del Gobierno Central, Comunidades Autónomas y organismos públicos y, según mis cálculos, ha supuesto un gasto adicional de cerca de quinientos mil millones de euros. Esta cifra es conocida por la Unión Europea (UE), la cual ha afirmado que estos gastos y políticas comprometerán a un futuro Gobierno, cuando Bruselas ya ha advertido que someterá a España a disciplina económica a partir del próximo año 2024. A modo de comparación he de citar que, en el antiguo régimen dictatorial del General Franco, el número de funcionarios era de 700.000 y, actualmente, con la democracia y la prodigalidad de algunas decisiones, dicho número de funcionarios ha pasado a ser cercano a los 4.000.000. Cifras que nos hacen meditar sobre la forma de entender la democracia en nuestro país.

Esta oferta de 40.000 plazas de Empleo Público que ha aprobado el Consejo de Ministros se refiere tanto a la Administración General del Estado como a la Administración de las Comunidades Autónomas. En ellas se incluyen funcionarios para la Administración de Justicia, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Seguridad Social para gestionar el Ingreso Mínimo Vital, la escala de funcionario con habilitación de carácter nacional que normalmente desarrolla su trabajo en la Administración Local, Entidades Gestoras de la Seguridad Social, etcétera. En conclusión, este incremento de funcionarios es el efecto de un Gobierno socialista acompañado de sus socios pseudocomunistas.

A propósito de esto me permito recordar, según estudié en la Universidad, hace más de cincuenta años, que un Estado necesita, para funcionar equitativamente y favorecer la gestión del país, hacer uso de la tecnocracia, es decir, tener en sus plantillas de personal a trabajadores capacitados para los menesteres que le son propios. Esta tecnocracia ha sufrido una interpretación algo peyorativa y, habitualmente, por lo menos en nuestro país, se le llama burocracia, vocablo que se admite como exceso de gestiones y papeleo que llevan a cabo los funcionarios y que no sirve para casi nada. No es cierto, ya que sin esta burocracia no funcionaría correctamente el Estado, sin embargo, desde el punto de vista de la Sociología, se considera que los burócratas son los empleados del Estado que trabajan poco, no se les suele expulsar, tienen cierta jerarquía, un bajo control de lo que hacen y, además, cuando tienes que hacer algún trámite ante ellos hay que hacerlo según las condiciones, que suelen ser numerosas, que fije el burócrata de turno, y rellenar, cumplimentar, solicitar, pedir y esperar sin que el ciudadano pueda intervenir en el proceso. Como cada vez se usa más la burocracia se está dando el caso de que muchas funciones ante la Administración Pública las haga un intermediario que está habilitado para ello, séase de Graduado Social, Gestor Administrativo, Economista y otras profesiones que, además, han de estar continuamente formándose y presentar, en tiempo, forma y medios digitales, cualquier relación con la Administración Pública.

Esta burocracia o tecnocracia ha sido estudiada por destacados especialistas. Para mí, los principales han sido Adam Smith (1723-1790), de la Escuela Clásica; John Stuart Mill (1806-1873), de la misma Escuela; Karl Marx (1818-1883), en su obra “El Capital”; Friedich Engels (1820-1895), que escribió junto a Marx el “Manifiesto Comunista”; Auguste Comte (1798-1857), quien incorporó la Sociología a la Economía Positiva; León Trotski (1879-1940), quien era un defensor de la participación del Estado en la Economía; Max Webber (1864-1920), estudioso de la Administración Pública; y muchos otros que, en el fondo, defendían el dirigismo económico del Estado, quitando libertad a las iniciativas privadas y señalando planes y objetivos a cumplir obligatoriamente por los ciudadanos y los empresarios.

Al margen de esta consideración voy a referirme a la llamada “Ley de Parkinson”, enunciada por el británico Cyril Northcote Parkinson (1909-1993), quien en el año 1957 afirmaba que, “el trabajo se expande hasta llegar el tiempo disponible para que se termine”; expresando que en una burocracia esto es motivado por dos factores: 1) Un funcionario quiere multiplicar sus subordinados, no rivales; y 2) Los funcionarios se crean trabajo unos a otros. Esta Ley de Parkinson fue el resultado de sus experiencias en el Servicio Civil Británico, cuyas observaciones científicas contribuyeron al desarrollo de la Ley y advirtió que a medida que el Imperio Británico declinaba en importancia, el número de empleados en la oficina colonial aumentaba. Las tres leyes fundamentales de Parkinson son:

1) El trabajo se expande hasta llenar el tiempo de que se dispone para su realización.

2) Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos.

3) El tiempo dedicado a cualquier tema de la agenda es inversamente proporcional a su importancia.

A estas tres leyes hay que añadir algunas fórmulas, tales como la ley de la dilación, el arte de perder el tiempo, la ley de ocupación de los espacios vacíos, por mucho espacio que haya en una oficina siempre hará falta más, todo esto según la experiencia cotidiana, mediante las cuales, al tiempo que se describe o pone de manifiesto una determinada realidad, se denuncia la falta de eficiencia del trabajo administrativo. Todo ello expresado por Parkinson.

A grandes rasgos, se está cumpliendo en nuestro país la Ley de Parkinson, y está afectando a todos los ciudadanos, ya que cada vez más aumentan sus obligaciones de informar, actualizar y ser controlados por la Administración Pública, sobre todo en temas que requieren cierta información. Por ello, tengamos en cuenta que no podremos vivir sin tener nuestro propio asesor en temas tributarios, fiscales, administrativos, contractuales, migraciones y cualquier hecho propio de los países desarrollados y que nos va a llevar a una burocracia exagerada a la que tendremos que dedicar algunas horas diarias. De lo contrario, pasaremos a ser como entes no existentes. Esto nos ha traído la transición a la democracia del Estado español, cuyos resultados son loables por lo que significan, aunque también están conllevando el incremento de los impuestos para sostener la burocracia o tecnocracia, gastos sociales excesivos y otros efectos económicos como déficits públicos anuales permanentes y un endeudamiento del Reino de España por encima del 160% del PIB anual.

A mí me parece algo inaudito.

 

Vicente Llopis Pastor

21 de julio de 2023