De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda lo que se llaman los “okupas”, que son personas que acceden a viviendas de cualquier tipo y toman posesión del inmueble y no hay forma de que dejen la vivienda para uso de su auténtico propietario. Estos okupas tienen un fundamento jurídico que no existe, ya que se trata de entrar en viviendas ajenas y vivir en ellas, incluso haciendo uso del mobiliario que pueda tener su propietario. Estos okupas suelen mantener un dilatado tiempo en la posesión y uso de una propiedad ajena y no es fácil desalojarlos.
Según la Constitución de 1978 existe el llamado “registro de la propiedad”, en el que se incluyen los datos del inmueble, sus características, su caracterización, quién es el propietario y su valoración según el catastro. Ante esta tesitura y las dificultades que tienen la policía y los jueces para evitar el allanamiento de morada, los propietarios se sirven de algunas fórmulas para poder recuperar y entrar en sus propias viviendas. Ello ha dado lugar a la creación de empresas, entidades o personas que se dedican a lo que podemos llamar “desokupación”. Estas empresas o personas pueden ser el mismo propietario de la vivienda o empresas que se dedican expresamente a desalojar a los que indebidamente están usando una vivienda que no es suya, que no tiene, que no está refrendada con ningún contrato de inquilinato y que, generalmente, al final, acaban negociando con una determinada cantidad de euros para que el propietario pueda volver a su propia casa. Según lo manifestado por el diario “El Economista” de hace unos días, por esta vía se han llevado a cabo más de 7.600 desalojos desde que se inició esta práctica en el año 2016.
Lo más curioso es que el propio Gobierno español facilita a los “okupas” el uso de viviendas a las que su propietario no puede acceder. Para mí es un escenario poco agradable, que contraviene el derecho a la propiedad y que ni las Fuerzas de Seguridad del Estado ni los jueces y magistrados pueden solucionar. El propietario o las empresas de desokupación forman una especie de plataforma que se encarga de recuperar inmuebles mediante la “mediación” con okupas, inquilinos, precarios, comunidades de vecinos y pisos compartidos, entre otros. Su crecimiento en sus siete años de vida ha hecho que se expandiera por toda España. Actualmente, estas empresas operan en toda la península, incluso en las Islas Baleares y las Islas Canarias, pero, además, ya hacen desalojos en otros países. Cuentan con un departamento jurídico, el cual argumentan, “se encarga de garantizar que las actuaciones cumplan con la legalidad”. Hacen el papel de “mediación”, analizan cada caso particular y personalizan una situación específica para cada caso.
Si es una familia con niños que de verdad necesitan un sitio donde vivir, se les ayuda, pero también puede ser una familia que esté bajo las órdenes de una mafia, y en ese caso, estas mafias no tienen reparos en que los okupas bajo su mando te pidan 10.000 euros por irse. Por la información que he podido leer, estas empresas de desokupación tardan, en algunos casos, dos minutos de reloj y, en otros casos, una semana para el desalojo. No hay máximo ni mínimo estipulado, si bien nueve de cada diez casos acaban en éxito antes de una semana.
El miércoles 17 de mayo de 2023, la Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de España y Secretaria General de Unidas Podemos, Ione Belarra (1987), manifestó, en un mitin de su candidatura local “Unides per Alacant”, la necesidad de plantear la modificación del Código Penal ante lo que califica como un “problema democrático grave” y una propuesta de cárcel para los responsables de estas empresas. Anunció que su formación buscará modificar varios artículos del Código Penal para tratar de castigar con entre seis y doce meses de prisión a esa “gentuza” que se lucra persiguiendo a los vulnerables. Belarra aprovechó dicho mitin para atacar a la derecha, a la que tildó de hacer campaña “con dos clásicos: ETA y Venezuela”. Además, señaló a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la polémica originada con su hermano por la venta de mascarillas durante la pandemia, así como la necesidad de echar al Alcalde de Alicante, el señor Barcala.
Ione Belarra manifestó que las empresas de desokupación son comandos parapoliciales y suponen problemas democráticos graves. El PSOE se está resistiendo a cualquier avance que suponga chocar con el poder o sistema establecido.
Estas manifestaciones de la señora Belarra, llevadas a cabo el miércoles 17 de mayo, en Alicante, estarán a prueba en las Elecciones Generales para formar Gobierno en España, que se anticipan al día 23 de julio de 2023, y no estoy seguro de que el tema de la okupación vaya por los caminos que manifestó Ione Belarra en Alicante.
El tiempo y el resultado de las Elecciones Generales pondrán a todos y cada uno de los partidos y ciudadanos en su lugar.
Vicente
Llopis Pastor
31 de mayo
de 2023
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