El
sistema tributario es la forma que tiene cada nación para recaudar el dinero
necesario para que funcione el Estado y satisfacer las necesidades u objetivos
del país en cuestión. El apartado fundamental son los impuestos, que se pueden
definir como una transferencia unilateral de las personas, empresas o entidades
de su dinero al Estado, independientemente del uso que el Gobierno vaya a hacer
de esta recaudación. La necesidad de tributación la reafirma Benjamín Franklin
(1706-1790), inventor del pararrayos y uno de los firmantes de la Declaración
de Independencia de los Estados Unidos de América, en su acertada frase “No hay
nada cierto, salvo la muerte y los impuestos”.
Los
sistemas tributarios de cada nación incluyen conceptos tales como impuestos,
tasas, ordenanzas fiscales, precios públicos y otras definiciones según quién
obligue a dicha tributación, es decir, el Estado. La tributación es uno de los
derechos más consolidados para que funcione una nación y su definición y
aplicación no debe ser arbitraria, sino que ha de cumplir algunos requisitos,
tal como establece la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)
y se estudia en las universidades y centros de enseñanza superiores las
cuestiones sobre las que hay que establecer los impuestos y sus
características. Normalmente se define cuál es el concepto a tributar, al que
se le llama objeto imponible, sobre el que se desgrana la base imponible, la
tasa de tributación, sus características objetivas, su justicia, equidad, nivel
de tributación y el que no influyan grandemente en las actividades económicas.
En ocasiones cuando estos requisitos no se cumplen y son muy elevados se suele
denominar que existe una expoliación a sus ciudadanos por parte del Estado.
La
teoría y características de la tributación han sido muy estudiadas a lo largo
de los dos últimos siglos y entre las figuras más relevantes que han existido
para definir el alcance que deben tener los impuestos, tenemos al
estadounidense Richard Musgrave (1910-2007), el verdadero artífice de las
cualidades que hay que considerar para la aprobación de los impuestos. En el
caso de España, hemos tenido tratadistas de la llamada “Hacienda Pública”,
materia que se estudia en las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas y
Empresariales, cuyos más destacados han sido, a mi entender, los catedráticos
universitarios Antonio Flores de Lemus (1876-1941); Ramón Carande (1887-1986); César
Albiñana García-Quintana (1920-2007) y Enrique Fuentes Quintana (1924-2007),
entre otros.
Una
de las características fundamentales para la creación de Impuestos es la que
deben ser aprobados por el Parlamento, es decir, por el Poder Legislativo. Pues
bien, estas características no parece que estén cumpliéndose en España. Y digo
esto porque en nuestro país no hay un único Poder Ejecutivo que pueda definir
impuestos, sino que hay diecisiete comunidades autónomas, dos ciudades
autónomas y el propio Gobierno español, para fijar y definir impuestos; incluso
sin la aprobación del Congreso de Diputados español; además, muchos impuestos
estatales están cedidos a las comunidades autónomas, las cuales no fijan de
manera uniforme esta cesión que han recibido; tal es, por ejemplo, el caso de
las comunidades autónomas de Galicia, Andalucía y Madrid, en los impuestos
sobre el patrimonio, en las cuales tienen bonificaciones del 100%; tramos del
Impuesto de Rentas de las Personas Físicas (IRPF) que los materializan dichas
comunidades autónomas, etcétera, etcétera. España no tiene un sistema
tributario que cumpla las especificaciones de los catedráticos y expertos en
fiscalidad, y tampoco cumple las condiciones que suele fijar la OCDE. Además,
está creando algunos impuestos a los que llama “temporales” y que no son otra
cosa que cubrir las necesidades recaudatorias que tiene el Gobierno español sin
que haya una base teórica o científica para elaborarlos.
Últimamente
se está hablando de la creación de un impuesto adicional a la Banca, del 4,80%
sobre el volumen de ingresos, no sobre el volumen de beneficios, como sería de
esperar, por la sencilla razón de que las entidades bancarias ganan mucho
dinero comparándolas con otras empresas o sectores productivos. Lo curioso de
este caso es que el dinero que se recaude por este nuevo impuesto bancario, el
Gobierno dice que es para que haya más equidad cuando, en realidad, es un
subterfugio para poder financiar la prodigalidad del Gobierno español en su
llamada “política social”. Este nuevo impuesto bancario está siendo muy atacado
por la Unión Europea y sobre todo por el Banco Central Europeo, que entiende
que es una injusticia que el Gobierno español se ha sacado de la bocamanga.
Algo parecido me temo que va a ocurrir con las empresas de energía, petróleo,
electricidad, gas y similares.
En
conclusión, el sistema tributario español es un desmadre en el que legislan
muchos organismos y que no son ni homogéneos ni uniformes entre las comunidades
autónomas españolas. Para mí es una especie de juego de niños que están usando
los mayores, es decir, el Gobierno, para recaudar dinero sin ton ni son, a modo
de un juego de estampitas y que va a alcanzar una cuantía enorme. Pensemos que
la inflación y otras cuestiones de política social y laboral de España van a
tener un enorme déficit, según aparece en los Presupuestos Generales del Estado
(PGE), actualmente en trámite parlamentario y que para financiarlo ya no
contamos con el dinero fácil y barato del Banco Central, sino que hay que
emitir Deuda Soberana y la subasta de letras del Tesoro, como hasta ahora. Según
mis cálculos, los PGE para el año 2023 pueden alcanzar una necesidad de nuevos
impuestos, según la fórmula que le complazca al Gobierno, de unos doce mil
millones de euros, que suponen mil doscientos euros anuales de impuestos a cada
familia bajo el supuesto de que en España viven alrededor de diez millones de
familias. Dada la situación económica actual, dudo que la mayoría de las
familias puedan atender este volumen de nuevos impuestos que de forma
arbitraria va a llevar a cabo el Gobierno.
Dentro
de un año será interesante conocer el aumento de impuestos materializados y la
situación deudora del Estado español, que podría situarse en un 160% sobre el
Producto Interior Bruto (PIB) de 1,3 billones de euros, con lo que la Deuda
Soberana española se acercaría a los 2 billones de euros.
Parece
que las finanzas españolas no son muy halagüeñas.
Un afectuoso saludo.
Vicente Llopis Pastor
29 de noviembre de 2022
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