La
catalaxia o cataláctica es una teoría praxeológica acerca de la manera en la
que un mercado libre fija los precios y los intercambios en un mecanismo de
orden espontáneo, que normalmente se produce sin necesidad de que haya
objetivos comunes ni planificados entre los agentes económicos. Este vocablo se
utiliza muy poco, pero los inicios de la economía como ciencia antes de la
existencia de la Antigua Grecia, a lo que hoy llamamos economía, se le llamó
cataláctica o ciencia de los cambios. Precisamente, los cambios de mercancías
entre personas fueron el origen del comercio, fijación de costes, precios y
todo lo que supone el habitual mecanismo económico. Dicho de otra manera, la
catalaxia fue la que trasladó el antiguo trueque de mercancías al actual precio
de mercancías. El precio de las mercancías se puede definir como el intercambio
de mercancías mediante una unidad común y aceptada por todos, que es el dinero.
En el
liberalismo económico, en el que se fundamenta la mayor parte de la gestión
económica actual, la relación de intercambio, o precio, es fijada por unidades
monetarias. Según la oferta y la demanda que exista, los precios suben o bajan,
más bien suben porque son rígidos a la baja y generan situaciones muy negativas
para la economía de un país, la llamada inflación, que a su vez se puede medir
temporal o parcialmente, y que es una de las más graves situaciones económicas
de un país porque repercute en toda la producción económica.
Frente a
una inflación generada por el liberalismo y librecambismo económico, existen
algunas medidas de países autoritarios y autocráticos en los que se permite la
intervención de precios; es decir, que las autoridades fijan el precio que han
de tener todos y cada uno de los productos, generalmente los de primera
necesidad, y a él deben sujetarse los vendedores. Es lo que se llama poner
topes al precio de los productos, para lo cual, el Gobierno se basa en
determinadas ideologías y con el horizonte puesto en favor del consumidor, para
que pueda tener medios suficientes de subsistencia. El caso más frecuente es el
del sistema comunista, en el cual el precio de los productos los fija el
Estado, incluso la calidad, cantidad, número y cuantía a adquirir por cada
consumidor. Esto lo podemos ver en países excesivamente socializantes o
comunistas en los que para adquirir los bienes que necesita el público forman
una larga cola y se suele decir que en los países de economía liberal y
capitalista el precio lo fija el mercado, mientras que en otros países que
tienen intervención de precios, lo fija la longitud de las colas que hay para
obtener cualquier producto. El paso siguiente de este último caso es el
racionamiento.
La
catalaxia tiene el objetivo de analizar todas las acciones basadas en el
cálculo económico y rastrean la formación de precios hasta el punto en el que
el agente económico elige. Explica los precios de mercado como son, no como
debiesen ser idealmente. Las leyes de la catalaxia no son juicios de valor,
pero pretenden ser exactos, objetivos y dotados de validez universal. La
sistematización de la catalaxia fue estudiada por los economistas más
destacados de la escuela austríaca, entre ellos Ludwig von Mises (1881-1973) y
Friedrich Hayek (1899-1992). Uno de los economistas de la escuela austríaca
llamado Richard Whately (1787-1863) es el que impuso el nombre de catalaxia a
la relación de intercambio entre los bienes medida por una unidad común que es
el dinero.
Desde
entonces han surgido miles y miles de teorías sobre la fijación de precios, en
los cuales puedo citar algunos como los costes
de producción, que incluyen el trabajo de los operarios, el uso de
maquinarias y todos los elementos que se usan y gastan para producir, a los
cuales se les llama valor objetivo.
Frente a ello están los deseos y satisfacciones que el producto tiene para el
comprador y la medición del precio está muy relacionada con su necesidad, moda,
vestimenta u otros productos. La medición cuantitativa, en este caso, es más
difícil, pero se considera como el valor
subjetivo de la mercancía. En las economías liberales y modernas se
combinan ambos valores objetivos y subjetivos para determinar los precios,
los cuales, por la razón del pensamiento de cada comprador, la moda,
publicidad, comodidad para alcanzarlo, etcétera, dan lugar a una cierta
variabilidad de los precios, que en el caso más grave, puede llegar a suponer
una hiperinflación.
Me he
permitido hacer esta introducción por la información que últimamente estamos
teniendo de que España ha entrado en una inflación superior al diez por ciento
anual, algo que no ocurría desde hace treinta años y que el ejecutivo tendrá
que elaborar algunas medidas con el fin de atajar o reducir, en lo posible, el
precio de algunos productos, incluso de primera necesidad, a los que se ha
llegado a tasas de inflación, medidas por el Índice de Precios al Consumo (IPC)
del doscientos e incluso trescientos por cien. España se está encontrando con
una situación muy desagradable, un empobrecimiento de las familias e, incluso,
algunas limitaciones en el número de productos, bienes o servicios, que se
suministran. Para paliar en lo posible esta situación, algunos Ministros del
Gobierno, sobre todo la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz (1971) y el
Ministro de Consumo, Alberto Garzón (1985), tienen una serie de propuestas en
las que los precios los van a reducir mediante eliminar la comisión, las
tareas, los trabajos y demás cuestiones que los supermercados llevan a cabo,
por ejemplo en la agroindustria, culpándole de esta situación a los
intermediarios, ya que entienden que el producto agrícola cultivado en el
bancal se suele vender en los supermercados a un precio cuatro o cinco veces
superior al que recibe el agricultor.
Para mí no
es exactamente así, ya que desde que se recolecta el producto, hasta llegar a
los lineales de los supermercados, han de seguir unos caminos tales como
transporte, inspección sanitaria, selección de producto, presentación adecuada,
comodidad en la distribución y otros complementos en los que trabajan los
empaquetadores, fabricantes, publicistas, transportistas, vendedores al por
mayor, etcétera. Digo que no es exactamente así porque según he podido estudiar
en un caso presentado en el periódico “El Economista”, resulta que el
incremento de precio desde el bancal del agricultor al lineal del supermercado
supone el incremento del doscientos ochenta por ciento por los impuestos de
todo tipo que se generan, por ejemplo Impuesto del Valor Añadido, impuestos
sobre energías, impuestos sobre medios de transporte, etcétera, etcétera. O
séase, no es la malevolencia del intermediario la que encarece el producto,
sino que es el propio Estado con una legislación tributaria muy rigurosa. Pues
bien, a pesar de ello, la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y el Ministro de
Consumo siguen en su empeño de reducir los márgenes de los intermediarios
fijando ellos el precio que entienden como “justo” y, además, señalar cuáles
son los productos y alimentos que se deben consumir, despreciando algunos que
parece que no son, según ellos, muy adecuados para el organismo humano. En
concreto, a este paso, los ciudadanos españoles no podrán elegir los productos
que deseen, sino solamente los que diga el Ministerio de Consumo y, además, en
cuantías determinadas. Me parece poco democrático y es una especie de cierre de
la oferta y demanda productiva y de las bases de la economía.
Esta
tesitura no está avalada por la mayoría del resto de miembros del Consejo de
Ministros, y la Vicepresidenta Primera del Gobierno, Nadia Calviño (1968), que no
está de acuerdo y aboga, como suele ser en toda la Unión Europea y países
desarrollados occidentales, por la libre competencia y no intervenir en los
márgenes empresariales desde que se obtiene el producto hasta que se vende.
El debate
está abierto y las opiniones respecto a la fijación de precios por parte del
Gobierno, sobre todo de los alimentos, está prohibida por la Unión Europea, y
así lo aplica el Gobierno Español con la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), por lo que cualquier decisión de poner tope a los precios
es ilegal. La fijación entre operadores de precios máximos, incluso bajo el
auspicio por el impulso de autoridades públicas, es un acuerdo de precios de
los prohibidos expresamente por la normativa de la CNMC. Por otro lado, no
conozco manifestaciones expresas del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación respecto al precio de los alimentos y no puedo prever qué es lo
que va a ocurrir a corto plazo, ya que los precios, si son fijados por el
Gobierno, es lo que se llama “discriminación de precios”, algo poco
recomendable en una correcta economía.
Esta situación
se está transformando en algo belicoso, sobre todo por la ideología de la
Vicepresidenta Segunda del Gobierno y del Ministro de Consumo que insisten y
persisten en la conveniencia de que los beneficios de la banca y de otras
grandes empresas no sirvan para retribuir a los accionistas y se dediquen a
resolver necesidades sociales de los ciudadanos, a lo que hay que añadir este
nuevo tema de cómo se calculan los precios según la trayectoria que lleven,
sobre todo los alimentos, desde su cultivo hasta su consumo en la propia casa o
en un restaurante.
Un tema más para conocer la idiosincrasia de las recetas económicas del actual Gobierno español.
Vicente Llopis Pastor
29 de octubre de 2022
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