“Cash or
card” es una curiosa frase inglesa que cada vez tiene mayor uso, que traducida
al español significa “dinero en efectivo o tarjeta de crédito”. Es una
consecuencia de la digitalización que estamos viviendo en la actualidad y que
tiene como objetivo último el que desaparezca el dinero físico manejado por las
personas o empresas y sustituirlo por movimientos en cuentas, materializado
mediante tarjetas de crédito o débito emitidas por entidades financieras o
empresas distribuidoras. La digitalización supone la “acción y efecto de
digitalizar”, verbo que a su vez puede definirse como registrar datos de forma
digital o, en su segunda acepción, convertir o codificar en números, dígitos,
datos o informaciones de carácter continuo, como por ejemplo una imagen
fotográfica, un documento o un libro. Casos específicos son la digitalización
de documentos y la de películas o imágenes.
En el
ámbito de las comunicaciones, se considera digitalizar a la transcripción de
señales analógicas a señales digitales, lo que se denomina proceso de
conversión analógica-digital. En el ámbito empresarial, la digitalización se
asocia con la transformación digital de los negocios, entendida como habilitar,
mejorar o evolucionar las funciones empresariales, operaciones comerciales,
modelos de gestión de clientes y procesos de comunicación, aprovechando las
tecnologías digitales.
Esta
digitalización ha llegado al propio medio de pago por excelencia, que es el
dinero, de tal forma que cada vez se está usando la movilización del dinero de
personas, empresas o entidades, no en cantidades físicas sino por medio de la
conexión de ordenadores y se satisfacen los cobros y pagos mediante esta
digitalización. Según mis cálculos, yo creo que actualmente la movilización del
dinero físico apenas llega a un cinco por ciento y el noventa y cinco por
ciento se lleva a cabo mediante tarjetas, es decir “card”. Resulta más cómodo
para el pagador y el cobrador y requiere menos esfuerzo para cualquier
actividad mercantil. En España ya es obligatorio pagar mediante “card” cuando
la cifra es superior a 1.000 euros. Necesariamente, e independiente del tipo de
transacción, el pago mediante tarjeta está legislado con el fin de poder
obtener un registro de todos los cobros y pagos que se realizan, en este caso mayores
de 1.000 euros, que sirve como soporte para conocer dónde, cómo, cuándo y por
qué se ha gastado el dinero correspondiente. Se inició como una manera de
recibir información obligando a las entidades financieras y empresas a que generen
sus actividades pagándolas mediante tarjeta; así el Estado puede saber todo lo
que quiera del ciudadano, conociendo las fuentes por las que recibe el dinero y
el uso que hace de él.
De
momento, se ha fijado el tope de 1.000 euros pero posiblemente, con el tiempo,
se vaya a reducir dicha cifra, con lo que prácticamente casi toda actividad,
incluso tomar un café, comprar una naranja, pagar una cuota de una asociación, satisfacer
los gastos de la comunidad de propietarios y algunas cuestiones de menor
cuantía, han de ser necesariamente mediante tarjeta. A mí mismo me ha ocurrido
que en algún restaurante no aceptan dinero físico y han de pagarse mediante
tarjeta, cuestión que te advierten previamente para evitar malos entendidos.
Ayer
hablábamos de la Agenda 2030 y dentro de ella se incluye tácitamente el
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), dentro del cual aparece esta fórmula
de pago.
Ante esta
tesitura nos encontramos con las siguientes cuestiones: 1) que el dinero físico
es un medio liberatorio de pago legal y que, sin embargo, no lo admiten en
determinadas entidades; y 2) que cuando una persona paga con tarjeta queda la
huella de dónde ha efectuado dicho pago. Concretando, la información que
necesariamente han de remitir los empresarios a los medios de seguridad del
Estado, que dan a conocer de dónde has sacado u obtenido el dinero y adónde va
o lo colocas. Se puede dar el caso de que cualquier persona que gaste su dinero
mediante tarjetas en lugares poco aconsejables, como puede ser en prostitución,
en juego, o en otros menesteres no muy dignos, sean conocidos expresamente por
el Estado. Esta idea nació con el fin de controlar los movimientos de dinero
que iban o venían del extranjero y que el Estado español entendió que había que
comunicarlo a la policía por si era susceptible de delinquir mediante el
blanqueo de capitales. Hoy ya no es expresamente así, sino que es más del
noventa y cinco por ciento el que se maneja por esta vía y que tiene
conocimiento la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Por eso no
nos extrañe que en la declaración anual del Impuesto de Rentas de las Personas
Físicas (IRPF), la AEAT es capaz de calcular la base imponible y la cuantía a
liquidar por cada persona sin que esta se entere. Lo que trae la nueva tecnología es la modernización
de la Administración Pública, pero es un arma de varios filos ya que cualquier
persona está registrada en una determinada tarjeta, una cuenta bancaria, un
colectivo determinado, y todos los movimientos dinerarios dejan una huella;
entre ellos, informaciones sobre el estado civil, enfermedades, tratamientos
médicos, situaciones de derecho civil, de antecedentes penales, y toda la
información susceptible de conocer de una persona. Resumiendo, el Estado cada
vez conoce más información sobre sus ciudadanos e incluso puede servirse de
ella para autorizar, desautorizar, impedir o limitar lo que libremente pueden
hacer los habitantes de un país. Es una situación bastante incómoda y que
además se puede hacer uso malévolo, que coarta la libertad tantas veces
manifestada en la democracia. Por ejemplo, en la actual España democrática en
teoría sus ciudadanos son libres pero esa libertad no está tan clara, ya que
con la digitalización, conexión de ordenadores y otras fórmulas, conocen la
vida y milagros de cada persona, e incluso en qué lugar han realizado cualquier
actividad noble o innoble, y ser localizados en un instante, a pesar de que se
encuentren a miles de kilómetros de nuestro país.
Además de
lo expuesto, nos encontramos con que “la liquidez total de la economía”, que se
mide por la cuantía del dinero disponible por los particulares, ya no puede
medirse objetivamente, porque algunas tarjetas son de crédito y no se computan
como dinero hasta que se usan, con lo cual la política monetaria de un país es
imposible de realizarla con acierto. En España la política monetaria la
controla el Banco Central Europeo (BCE) y se está encontrando con estas
particularidades y no puede fijar acertadamente el control de la inflación, que
es el objetivo básico del BCE.
La
tesitura “cash or card” es una situación que cada vez estará más en favor de
las tarjetas, y el control de la inflación será más difícil, como está ocurriendo
actualmente, que de un solo salto se ha incrementado la inflación en más del
diez por ciento, algo inusitado en la historia económica mundial. De todas
formas hemos de acostumbrarnos al uso de las tarjetas para poder vivir, al
igual que ocurre con el Documento Nacional de Identidad, permiso de conducir,
domiciliación de recibos de servicios, cobro de salarios, etcétera. Es la otra
cara de la modernización del sistema financiero.
Un saludo.
Vicente Llopis Pastor
23 de octubre de 2022
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