Me refiero al gasto del aparato del Estado, que incluye
salarios de funcionarios, pensiones, educación, sanidad, transportes, fuerzas
de seguridad, ejército, políticas de todo tipo, subvenciones, ayudas, intereses
de la Deuda Pública soberana emitida, compromisos con organizaciones
internacionales, participación en eventos mundiales, etcétera, etcétera. En los
dos últimos años se ha visto aumentado por la pandemia de la Covid-19,
incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aplicable a todos los
sectores productivos, ayudas a los sindicatos y reducir la “flexibilidad” de la
contratación laboral, transformándose el gasto público español en una situación
estructural que no va a poder ser reducido.
Pues bien, estimado lector, según he podido leer en
informaciones aparecidas en publicaciones especializadas y, sobre todo, según
la metodología más fiable, que es la de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económico (OCDE), a la que España pertenece, obtengo los siguientes
datos.
Año |
PIB (Euros) |
PIB per cápita (Euros) |
2019 |
1,24 billones |
26420 |
2020 |
1,12 billones |
23690 |
2021 |
1,20 billones |
25460 |
Dichas cifras son aceptables para una economía desarrollada
como la española, que se ha mantenido durante más de veinte años con un
incremento anual del PIB de alrededor del 3% y que se redujo a partir de 2020
como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, la borrasca Filomena y la
erupción del volcán de La Palma.
La pregunta que surge inmediatamente es ¿dónde ha ido a
parar todo lo producido cada año (PIB)? y hay que matizar bastante. Lo expuesto
anteriormente es la producción bruta, que incluye amortizaciones, pago de deudas,
ayudas y demás conceptos; una vez depurado con conceptos que no repercuten en
los ingresos de las personas, se obtiene la llamada “renta disponible de las
economías domésticas”, que miden la verdadera, capacidad de compra de los
particulares, entre ellos los propios funcionarios, que son trabajadores que
cobran directamente del Estado. Esta renta final es algo menos de la mitad del
PIB, o séase que la renta disponible de las economías domésticas en el año 2021
se sitúa en menos del 50% del PIB, aproximadamente 0,5 billones de euros. Para
financiar el gasto público el Estado hace uso de los instrumentos de su
soberanía tributaria, es decir, fija impuestos directos, impuestos indirectos,
Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Impuesto al Valor Añadido (IVA), etcétera,
y les queda a los ciudadanos la citada renta disponible de las economías
domésticas, una variable macroeconómica clave según nos decía mi querido
profesor don Ángel Rojo Duque (1934-2011), catedrático de Macroeconomía en la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid y
Gobernador del Banco de España.
Según las explicaciones de dicho catedrático, el gasto
público en economías liberales no debería ser muy alto, quizás entre un 20-30%,
pero que en España se ha situado en los últimos veinte años alrededor del 45%
del PIB y el restante 55% para la renta disponible de las economías domésticas.
Pero hete aquí que, según información que he podido leer en el periódico
especializado “El Economista”, en los años 2020 y 2021 el gasto público del
Estado español ha alcanzado por primera vez en su historia más de la mitad del
PIB, concretamente el 51,5%, quedando como renta disponible a los particulares
en un 48,5%, que según las cifras anteriores sería cerca del diez por ciento
menor, es decir que somos más pobres, porque la renta per cápita disponible de
los tres últimos años ha sido 12.300€ en 2019; 11.900€ en 2020 y 12.000€ en
2021. Si consideramos como “economías domésticas” a una familia de cuatro
personas, por ejemplo, dos padres y dos hijos, con dichas cuantías de renta
disponible no saldrían de la miseria, salvo que trabajaran la mayoría de todos
los miembros de la familia, e incluso recibieran ingresos de sus padres
pensionistas, si es que lo pueden hacer o que le ayuden en las tareas
ordinarias de alimentación, estudios y otras necesidades de los hijos, que
están en situación de estudiar y educarse.
Un Estado que gasta mucho más de lo que produce, cual es el
caso español que acabo de citar, no puede sostenerse en el tiempo y está
abocado a la hecatombe y que para sostenerse ha de acudir al endeudamiento
internacional o a una extrema subida de la tributación, con impuestos mucho más
gravosos para los ciudadanos. Y además, por un período de tiempo que está
resultando muy largo en el caso de España. Otra vía es la de reducir el
excesivo gasto público, cuestión de difícil aceptación por la presión de la
ciudadanía. Por eso nos encontramos con que España va camino de que su Deuda
Pública Soberana, que actualmente supone el 120% de su PIB, seguirá aumentando
y alcanzará límites quizás superiores al 160%, es decir, una cifra que no podrá
devolver en cien años y hemos de aceptar que nuestro país vivirá con la losa de
una deuda perpetua que será mucho más gravosa a partir de ahora por la razón de
que nos encontramos con una súbita inflación que se acerca al diez por ciento
anual y una política monetaria fijada por el Banco Central Europeo, en la que
presumiblemente se va a aumentar el tipo de interés. Además, una situación tan
incómoda hace que los acreedores, fundamentalmente inversionistas extranjeros,
no canalicen sus inversiones hacia nuestro país. Después de más de veinte años
de estabilidad de precios, la inflación española ha surgido como una
hiperinflación que puede acercarse al diez por ciento a finales de este año
2022, lo cual sería algo así como un “derrame cerebral”, es decir, no sabríamos
quiénes somos ni cómo hay que resolver las cuestiones vitales, amén de la
desconfianza económica y jurídica que tendrán los países extranjeros sobre
España.
Hoy se habla mucho en los medios de comunicación del
espionaje de “Pegasus”; del nuevo líder del Partido Popular; de la reforma
laboral, que no ha sido otra cosa que quitarle flexibilidad al mercado de
trabajo y transformarlo en una pesada estructura; elecciones en Andalucía y un
mantra llamado “ultraderecha” que nadie explica en qué consiste. Amén de los
éxitos deportivos de los españoles, aunque más bien serían “éxitos económicos”
de los deportistas profesionales, no hay una corriente de opinión que dé a
conocer la situación económica de nuestro país. No se habla del futuro de la
economía española. Talvez la razón de ello es que no se sabe todavía qué color
le ha de poner a la producción, distribución, inversión, consumo y otras
magnitudes macroeconómicas, ya que el color negro no forma parte del espectro
del arcoíris.
Un afectuoso saludo.
Vicente Llopis Pastor
28 de mayo de 2022
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