EL “ESCUDO SOCIAL” DEL GOBIERNO ESPAÑOL

 

El Consejo de Ministros español, en su reunión del 3 de agosto de este año, antes de iniciar sus vacaciones, tomó una serie de decisiones que se resumen en que se va a prorrogar el llamado “escudo social” del Gobierno hasta el 31 de octubre de 2021, para “proteger a los más vulnerables”. La Vicepresidenta Tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la Ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, comparecieron ese mismo día al finalizar el Consejo de Ministros, en una rueda de prensa, cuyo contenido resumo a continuación:

a)      Suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables.

b)      Moratoria en el pago de alquileres.

c)      Prohibición de cortes de luz, agua y gas a las familias vulnerables. Realmente es una prórroga del “escudo social” establecido por el Gobierno para determinadas familias con escasos recursos.

d)     Evitar que los más vulnerables tengan que abandonar sus hogares como consecuencia de la situación de pandemia.

e)      Protección de los servicios esenciales a las víctimas de violencia de género. Se ha prorrogado hasta el 31 de octubre y, según indicó la Ministra de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, cuando acabe esa prórroga, los indicadores sanitarios permitirán decir, entonces, que España se puede enfrentar al futuro sin el “escudo social”.

f)       De esta forma, el Ejecutivo ha aprobado la extensión de las medidas contenidas en el Real Decreto-Ley 8/2021, que expiró el lunes 9 de agosto, el cual fue aplicado por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, en coordinación con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y el Ministerio de Igualdad.

g)      La vulnerabilidad y la solicitud de prórroga del contrato de alquiler está fijada para un plazo máximo de seis meses. Según la situación en que se encuentre la sociedad española el 31 de octubre, podría prorrogarse durante otra larga temporada.

h)      Medidas sobre grandes propietarios, de forma que cuando el inquilino se encuentre en situación de vulnerabilidad y el arrendador sea una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, persona física con más de diez viviendas, podrán solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta.

i)        Este nuevo “escudo social” contempla la consideración como esenciales de los servicios de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, incluyendo los servicios de información las veinticuatro horas del día, los servicios de acogida y el sistema de seguimiento del cumplimiento de medidas cautelares.

j)        El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez Pérez-Castejón (1972), ha publicado un mensaje en la red social Twitter en el que pone en valor esta prórroga del “escudo social” hasta el 31 de octubre de 2021, con el fin de que “nadie se quede atrás”, según sus manifestaciones, incluyendo la frase “quienes más sufren las consecuencias de la pandemia siguen así contando con el soporte del Gobierno. Y nuestro propósito siempre ha sido el mismo: que nadie se quede atrás. En la pandemia y también ahora, en la recuperación”.

k)      El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha destacado en otro mensaje en esta red social que el “escudo social” es “la mejor herramienta para combatir las consecuencias económicas y sociales de la crisis de la Covid-19”.

l)        La Ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, planteó recientemente, mediante una carta a diferentes Ministerios, proceder con “urgencia” a la prórroga de estas medidas, dado que la pandemia y sus efectos socioeconómicos aún no han desaparecido. Específicamente se dirigió a los Departamentos de Presidencia, Justicia, Igualdad, Consumo, Transportes, Trabajo, Sanidad, Transición Ecológica e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

m)    Igualmente el 8 de junio de 2021 se aprobó un Real Decreto que permite a las Comunidades Autónomas utilizar los recursos del Plan de Vivienda para pagar a los propietarios la compensación por la paralización, en determinados supuestos, de los desahucios.

n)      El mencionado Real Decreto antidesahucios que paralizaba los lanzamientos por motivos sociales y sanitarios, daba derecho a una compensación a los propietarios si los servicios sociales no habían podido encontrar una alternativa para las personas vulnerables y cuando se produjese una pérdida para el propietario, porque el inmueble estuviera alquilado o puesto para la venta o el alquiler. Los arrendadores afectados podrán solicitar la compensación hasta el 30 de noviembre.

Estimado lector, para mí creo que España está tratando a los llamados “vulnerables” de forma exquisita. Aunque no conozco exactamente cuáles son las variables y condiciones que se usan para definir a personas o familias con el calificativo de “vulnerables”.

Las decisiones del Consejo de Ministros pueden ser correctas. ¿Pero tienen seguridad jurídica los propietarios o arrendadores de las viviendas? ¿Quién paga los suministros de agua, gas, luz y energía? ¿Con estas decisiones se cumplen los requisitos de los Códigos Civil, Mercantil y Penal? ¿Las Comunidades Autónomas podrán satisfacer lo que les obliga el Gobierno Central respecto a alquileres, rentas y desahucios? Francia e Italia, por ejemplo, están siguiendo otros pasos en el camino hacia las familias vulnerables y respetan a los propietarios de vivienda respecto a los okupas, que han de abandonar inmediatamente la vivienda y se les aplica una sanción.

De todas formas, creo que este “escudo social” del Gobierno español es un paso más hacia una “economía socialista”, con todo lo que ello supone dentro de la política radical socialista. De todas formas, entre la debacle que para nuestros ciudadanos está suponiendo la pandemia, hay que felicitar a nuestro Gobierno porque está actuando como un Estado protector; muy por encima del “welfare”, en inglés; “bien être”, en francés; o “el estado del bienestar”, en español, al que se dedica buena parte de la política de los países europeos occidentales. Este tipo de política europea surgió una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, para evitar que toda Europa se transformara en un sistema político comunista, que no admite la propiedad privada; los beneficios empresariales se consideran como la “plusvalía” del trabajador, que no la recibía y pasaba a engrosar los beneficios empresariales; la propiedad pública de los factores de producción; el control de los ciudadanos por parte del Estado; la disciplina y la falta de libertad.

Suponiendo que al 31 de octubre de 2021 se haya superado la actual situación pandémica, volveremos a los tiempos más felices de nuestro país. ¿Será verdad?

Un afectuoso saludo.

 

Vicente Llopis Pastor

25 de agosto de 2021