Se entiende por
“dumping” la venta de productos en el mercado internacional a precios por
debajo de su coste de producción. Es decir, vender con pérdidas, con el
objetivo de poder captar un mayor número de clientes al tiempo de darse a
conocer en el extranjero. El “dumping” no está admitido según la Organización
Mundial del Comercio (OMC) y es una estrategia que la propia OMC persigue y,
cuando se demuestra su existencia, fija altas sanciones a la empresa y al país
que lo realiza e, incluso, puede fijar un periodo de tiempo en el que esta
empresa no actúe en el mercado internacional. Esta palabra “dumping” se está
generalizando en varios sectores productivos y en múltiples lugares
geográficos. Cuando hay países limítrofes o competidores que aplican el
“dumping”, suelen ser señalados y se pierde la confianza entre ellos. De esta
forma se está generalizando el concepto de “dumping”, no solamente en el
comercio internacional sino en el interior de un propio país cuando éste
establece Comunidades Autónomas, Estados Federales o divisiones administrativas
dentro del propio Estado. España reúne unos requisitos favorables a que
aparezca el “dumping”, ya que cada Comunidad Autónoma busca el mayor mercado
posible para sus productos y puede luchar frente al resto de las Comunidades
Autónomas de nuestro país, ya que tiene soberanía para ello. El tiempo lo dirá
si esto va a ser una realidad o si la buena inteligencia del Gobierno Central
lo evita. Lo cierto es que la existencia de Comunidades Autónomas es la mejor
panoplia de armas con las que luchar entre sí, quejarse, solicitar, presentarse
como maltratadas y toda serie de artilugios para conseguir la mayor financiación
posible de la tarta que ofrece el Gobierno Central.
En base a lo que he
expuesto anteriormente, está apareciendo la expresión de “dumping fiscal”, que
está fundamentalmente, desde mi punto de vista, motivada por la Agencia
Tributaria Valenciana (ATV), que manifiesta un fraude fiscal hacia ella porque
sesenta empresas y ciudadanos han cambiado su domicilio social desde la
Comunidad Valenciana a Madrid, que suponen grandes patrimonios, y que persiguen
una tributación bajísima o casi inexistente respecto a la que tienen que satisfacer
en el caso de tener su domicilio en la Comunidad Valenciana. El Conseller de
Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler Marco (1949), asegura que “la
competencia fiscal a la baja entre Comunidades Autónomas alienta el fraude
fiscal” y destaca la necesaria colaboración permanente de la ATV con la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a través de un grupo de trabajo. La
Directora de la ATV, Sonia Encarnación Díaz Español, confirma la existencia de
“dumping fiscal” tras iniciar veintidós procedimientos de cambio de domicilio
fiscal ficticio a Madrid desde el año 2017 y está investigando otros treinta y
ocho casos posibles. El personal técnico de la ATV destaca que, desde que se
abrió esta línea de actuación, se han recuperado catorce millones de euros por
fraude en el Impuesto de Patrimonio y en el de Sucesiones y Donaciones.
Esta situación era de
prever, y el Conseller de Hacienda de la Comunidad Valenciana señala a la
Comunidad de Madrid como la causante de un fraude fiscal, porque su tributación
es mucho menor que la del resto de comunidades, y está cundiendo el ejemplo para
que ciudadanos de diversas comunidades trasladen su domicilio fiscal a Madrid,
cuestión que no resulta de agrado para el Consell de la Generalitat Valenciana.
El Conseller de Hacienda y Modelo Económico ha confirmado que “gracias a la
información, el uso de nuevas tecnologías y las sinergias entre departamentos
de la ATV en los próximos meses van a investigarse treinta y ocho nuevos casos de posibles domicilios fiscales
ficticios correspondientes al ejercicio 2020”. En este sentido, personal
técnico de la ATV ha mostrado su preocupación por la gravedad de los casos de
“dumping fiscal” y ha incidido en que “algunos grandes patrimonios valencianos
se mudan a Madrid de manera ficticia para eludir impuestos, ante las
bonificaciones de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones que ofrece esa
Comunidad y así eludir el pago de estos tributos a la Comunidad Valenciana”.
Sonia Díaz ha remarcado que los casos de “dumping fiscal” son especialmente
graves porque producen un doble efecto: “el primero, en relación con los
tributos cedidos que gestionan las Comunidades Autónomas, y el segundo, sobre
el Impuesto de Renta sobre las Personas Físicas (IRPF), una de las bases sobre
la que se calculan las transferencias del sistema de financiación autonómico”.
Querido lector. ¿Qué le
parecen las opiniones de los prebostes del Gobierno valenciano en materia
fiscal? Es una queja de la Comunidad Valenciana porque no puede recaudar
ingresos de las personas de gran patrimonio, ya que han fijado su domicilio en
Madrid. Estas personas no infringen ninguna ley, al contrario, existe la
libertad de circulación y de establecimiento, no sólo a nivel de España, sino a
nivel de toda la Unión Europea. ¿Qué espera la Comunidad Autónoma Valenciana u
otras que fijan tributaciones altísimas? Pues lo normal y legal, fijar su
domicilio fuera de ella para no tener que desembolsar buena parte de su dinero
por la simple instrucción de una Comunidad que tiene personalidad jurídica y
política, pero que actúa arbitrariamente y no tiene consideración ni con el
contribuyente ni comparación con el resto de comunidades. Para mí lo que está haciendo
la Comunidad Autónoma Valenciana, incoando procedimientos de cambio de
domicilio fiscal que considera "ficticios" y el que las grandes o
menores fortunas se ubiquen fuera de nuestra Comunicad es algo que se veía
venir y que ocurre en cualquier país en el que se esquilma la fortuna de sus
ciudadanos. A veces el límite entre pagar millones de euros o no pagar nada, o
muy poco, es indeleble, ya que como ciudadano, continúa teniendo su Documento
Nacional de Identidad, su nacionalidad y el conjunto de derechos que le permite
la Constitución de 1978 y las Directivas de la Unión Europea.
Mi opinión es la de que
la Comunidad Valenciana, en los temas tributarios, está actuando como un
avezado cazador, usando hurones, para descubrir los conejos que están
escondidos en las madrigueras de Madrid,
sacarlos de allí y dispararles todas las cargas de tributación y fiscalidad que
se merecen, amén de considerarlos como malos ciudadanos. Esto es a lo que se
está dedicando la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, una nueva
consecuencia del caos económico y político al que hemos llegado con el nuevo
invento de las Comunidades Autónomas. Para mí es lamentable que estas cosas
ocurran y hieren mi alma como ciudadano español. De todas formas, la Comunidad
Valenciana, al igual que muchas otras, tiene que buscar sus estrategias para conseguir
que los ciudadanos le paguen impuestos que no son otra cosa que la
transferencia unilateral de las personas hacia el ente llamado Comunidad
Autónoma. Este llamado “dumping fiscal” es un concepto que se han inventado los
señores Puig, Soler y la señora Díaz para engrosar la recaudación tributaria y
rasurar nuestros bolsillos de la forma más amplia posible. A este paso, se
puede llegar al extremo de no permitirnos salir de la Comunidad Valenciana y es
algo parecido a lo que realizan los países comunistas en los que sus ciudadanos
no pueden traspasar las fronteras que limitan su propio país.
Y fíjese usted, un
reciente informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE)
parece evidenciar que la Comunidad de Madrid deja de ingresar más de 4.100
millones de euros anuales, que podrían destinarse a servicios públicos
fundamentales, por su política de beneficios fiscales, fundamentalmente a las
rentas y patrimonios elevados. Una política que puede afrontar gracias a la
concentración en Madrid de grandes rentas y patrimonios como consecuencia del “efecto
capitalidad” que absorbe recursos, población, funcionarios estatales, licitaciones
y redes de influencia, en detrimento de otros criterios.
Este informe del IVIE
es una navaja en manos de la Comunidad Valenciana ya que, no solamente está
persiguiendo a los valencianos que viven fuera de nuestra Comunidad para
sonsacarles su dinero sino que, además parece ser que la culpa la tiene la Comunidad de Madrid.
¡Inaudito, querido lector! Esta es la situación a la que hemos llegado y que es
consecuente con la Constitución de 1978; en menos de cuarenta años hemos
llegado a situaciones muy incómodas, que generan odio y rencor entre
Comunidades Autónomas. Del odio y rencor a la guerra, no hay más que un paso.
Espero
no herir la sensibilidad social y política de quien tenga la ocasión de leerme.
Vicente
Llopis Pastor
27 de octubre
de 2020
Comentarios
Publicar un comentario